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17 nov. 2026
El Panorama

Adamuz: el peor accidente ferroviario en una década pone en el foco a Transportes y Adif

El descarrilamiento de un Iryo que invadió la vía de un Alvia en Adamuz (Córdoba) causó 46 muertos. La investigación apunta a una soldadura defectuosa del carril y ha abierto una batalla judicial y política sobre el mantenimiento de la red que gestiona Adif.

PSOENacionalGestión negligentePrimera noticia: Hechos: 2025–2026
En investigaciónSituación comprobada el 15 de noviembre de 2026

Último hito, : La jueza de Montoro autorizó a la AITAT a medir el desgaste del carril del accidente bajo custodia de la Guardia Civil. Fuente

Diligencias abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Montoro (Córdoba) sobre las causas del accidente y las responsabilidades de Adif; en noviembre de 2026 la jueza autorizó a la AITAT a medir el desgaste del carril y requirió a Adif la documentación de las obras. No hay ningún responsable político investigado.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: Óscar Puente (responsabilidad política), Luis Pedro Marco de la Peña (mención) y Isabel Pardo de Vera (mención). Ver sus fichas

El 18 de enero de 2026, a las 19.43, el tren Iryo 6189 descarriló a la altura de Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contigua por la que circulaba el Alvia 2384, que también descarriló. Murieron 46 personas y hubo 292 heridos. Dos días después, un tren de Rodalies chocó contra un muro caído en Gelida (Barcelona) y murió un maquinista en prácticas; los sindicatos de maquinistas convocaron huelga para exigir garantías de seguridad.

Los peritos identificaron como origen una rotura de unos 40 centímetros en el carril. Un informe de la Guardia Civil de abril de 2026 atribuyó el fallo a una soldadura mal ejecutada con un kit inadecuado, agravada por defectos de nivelación detectados meses antes, la falta de experiencia de los inspectores y alertas mal configuradas. Un sindicato había avisado a Adif en agosto del desgaste de la vía. La Guardia Civil acusó además a Adif de retirar y analizar material del accidente sin autorización judicial.

La jueza de Montoro que instruye la causa ha requerido a Adif los expedientes de las obras de renovación del tramo. Vox se querelló contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y su antecesora, Isabel Pardo de Vera, por homicidio imprudente. La Audiencia Nacional rechazó una denuncia contra el ministro Óscar Puente por falta de competencia.

El PP y Vox exigieron la dimisión de Puente, y la Junta de Andalucía pidió el cese de los presidentes de Adif y Renfe. Marco de la Peña negó en el Congreso haber alterado informes u ocultado pruebas y cuestionó el informe de la Guardia Civil. El Gobierno aprobó ayudas a las víctimas.

El 13 de noviembre de 2026 se conoció que la jueza de Montoro había autorizado por providencia a la AITAT (Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil) a medir, con un medidor digital y sin alterar las piezas, el desgaste de las muestras del carril custodiadas por la Policía Judicial, bajo vigilancia de la Guardia Civil y con acta para garantizar la cadena de custodia, antes de los análisis de laboratorio. Según El Español, el juzgado pidió además a la AITAT un avance de su investigación técnica en diez días, y Adif entregó los informes de auscultación y la documentación de la obra de emergencia y del suministro de balasto; en su último informe la AITAT habla de una «rotura franca de carril» que pudo pasar inadvertida unas 22 horas mientras circulaban 47 trenes.

Fuentes