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17 nov. 2026
El Panorama

Caso Auditorio: el presidente murciano que dimitió por su etapa de alcalde y fue condenado años después

Pedro Antonio Sánchez dimitió en abril de 2017 como presidente de la Región de Murcia, investigado por el auditorio inacabado de Puerto Lumbreras y por la operación Púnica. En 2023 la Audiencia de Murcia le condenó a tres años de prisión por prevaricación; fue absuelto en otra causa por un defecto procesal.

PPAutonómico, Región de MurciaPrevaricación, falsedad / plagio, corrupciónPrimera noticia: Hechos: 2006–2013
Condena no firmeSituación comprobada el 13 de octubre de 2026

Último hito, : Fue rechazado el recurso de Pedro Antonio Sánchez para evitar el juicio en el caso Guardería. Fuente

Condena de la Audiencia Provincial de Murcia (6 de marzo de 2023) a 3 años de prisión por prevaricación en el caso Auditorio, recurrida. Absuelto con carácter firme en el caso Pasarelas. Pendiente de juicio en el caso Guardería.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: Pedro Antonio Sánchez (condena no firme) y Fernando López Miras (mención). Ver sus fichas

Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013, llegó a la Presidencia de la Región de Murcia en 2015. Desde marzo de 2015 un juzgado de Lorca investigaba, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, la adjudicación de un auditorio municipal que nunca se terminó, financiado con subvenciones de la Comunidad. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia asumió la causa por su condición de aforado, le imputó en diciembre de 2016 y en 2017 la Audiencia Nacional le investigó además en la pieza murciana de la operación Púnica por supuestos contratos de reputación en internet. Ante la amenaza de una moción de censura y la presión de Ciudadanos, socio parlamentario del PP, dimitió el 4 de abril de 2017; le sucedió Fernando López Miras.

El 6 de marzo de 2023 la Audiencia Provincial de Murcia le condenó a tres años de prisión y más de 17 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, uno de ellos con falsedad: encargó verbalmente al arquitecto un proyecto para obtener la subvención y después aprobó un modificado para justificar la inversión y evitar su reintegro aunque la obra quedara inacabada. Le absolvió de fraude. En otra causa, la de las pasarelas sobre la rambla del Nogalte, fue absuelto en 2018 porque la instrucción superó los plazos legales, y el Supremo lo confirmó. También se ha abierto juicio contra él por la contratación de una guardería municipal.

Fuentes