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17 nov. 2026
El Panorama

Caso ERE: casi 680 millones repartidos sin control y dos expresidentes andaluces condenados

La mayor causa de corrupción por volumen de dinero público de la democracia. Un sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía funcionó durante una década sin fiscalización y acabó con condenas para Manuel Chaves y José Antonio Griñán, después rebajadas por el Constitucional.

PSOEAutonómico, AndalucíaMalversación, prevaricación, corrupción, uso de fondos públicosPrimera noticia: Hechos: 2000–2010
Anulado en parte por el TCSituación comprobada el 20 de abril de 2026

Condenas confirmadas por el Supremo en 2022 y anuladas parcialmente por el Constitucional en 2024. La Audiencia de Sevilla tiene pendiente la nueva sentencia a la espera del Tribunal de Justicia de la UE. Decenas de piezas siguen abiertas.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: José Antonio Griñán (condena), Manuel Chaves (condena), Magdalena Álvarez (condena), Gaspar Zarrías (condena), Francisco Javier Guerrero (condena) y Francisco Vallejo (condena). Ver sus fichas

El 19 de enero de 2011 la jueza de Sevilla Mercedes Alaya abrió diligencias para investigar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis. El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero llegó a hablar de un 'fondo de reptiles', y su chófer confesó haber gastado parte del dinero en cocaína. Se descubrieron prejubilaciones de personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas y comisiones a intermediarios.

La llamada pieza política juzgó el 'procedimiento específico' que, según la acusación, se diseñó desde la Junta para conceder las ayudas eludiendo los controles de la Intervención. El 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos: el expresidente José Antonio Griñán, a seis años de prisión por malversación y prevaricación; el también expresidente Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación por prevaricación, y a exconsejeros como Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo o Antonio Fernández. El tribunal cifró en al menos 679 millones los fondos dispuestos de forma irregular entre 2000 y 2009.

En julio de 2022 el Supremo confirmó, por tres votos a dos, la mayoría de las condenas, con el voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer contra la condena por malversación. Entre junio y julio de 2024 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los amparos de Chaves, Griñán y otros ocho condenados, al considerar que se había vulnerado el principio de legalidad penal, anuló parte de las sentencias y ordenó a la Audiencia dictar otras nuevas.

En julio de 2025 la Audiencia de Sevilla, en lugar de dictar sentencia, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE por entender que la doctrina del Constitucional podía generar 'riesgo de impunidad' contrario al derecho europeo. En 2026 la Comisión Europea pidió al tribunal de Luxemburgo que se declare incompetente. Además de la pieza política, el caso se dividió en más de un centenar de piezas sobre ayudas concretas, muchas aún pendientes de juicio.

Fuentes