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17 nov. 2026
El Panorama

Caso Leire Díez: la presunta trama para desacreditar a la UCO

Unos audios revelaron a una militante socialista ofreciendo favores ante la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre el jefe de la UCO que investigaba los casos que afectaban al PSOE. La causa ha acabado imputando a la gerente del partido.

PSOENacionalObstrucción a la justicia, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretosPrimera noticia: Hechos: 2024–2025
En investigaciónSituación comprobada el 7 de noviembre de 2026

Último hito, : El juez Santiago Pedraz prorrogó seis meses la instrucción, hasta el 10 de junio de 2027, por las diligencias pendientes. Fuente

En instrucción en la Audiencia Nacional (juez Santiago Pedraz), que acumula la causa de los audios y la de la SEPI; la instrucción está prorrogada hasta el 10 de junio de 2027. El juez rechazó el 9 de octubre de 2026 imputar por ahora al PSOE como persona jurídica.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: Leire Díez (investigación), Santos Cerdán (investigación), Gaspar Zarrías (investigación), Ana María Fuentes (investigación) y David Sánchez (parte afectada). Ver sus fichas

El 26 de mayo de 2025 El Confidencial publicó la grabación de una reunión celebrada en febrero entre Leire Díez, militante socialista que trabajaba para la Secretaría de Organización de Santos Cerdán, y el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por un fraude de hidrocarburos. En ella se buscaba información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, a cambio de supuestas ventajas procesales ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Díez, periodista de formación, había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), directora de Comunicación de la empresa pública Enusa y directiva de Correos. El PSOE le abrió expediente y ella se dio de baja como afiliada el 4 de junio de 2025, asegurando que actuaba como periodista que preparaba un libro.

Dos juzgados de Madrid abrieron diligencias en el verano de 2025 y el número 9 la imputó por tráfico de influencias y cohecho. Otras grabaciones apuntaban a intentos de influir en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente. En diciembre de 2025 fue detenida por la UCO en una investigación paralela de la Audiencia Nacional sobre contratos de la SEPI.

El 27 de mayo de 2026 la UCO entró en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación y el juez Santiago Pedraz imputó a Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, por posibles documentos para justificar pagos a abogados que habrían tenido a Díez como destinataria final. En su declaración, la gerente señaló a Cerdán como quien decidía esos encargos. En agosto la causa de Madrid se unió a la de Pedraz.

Desde entonces la causa no ha dejado de crecer: en junio de 2026 se imputó a 25 personas más en la línea de la SEPI; en julio, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, y al expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano. La UCO investiga además un posible enchufe en la Diputación de Jaén como pago por reactivar una denuncia contra un fiscal.

El PP, que ejerce la acusación popular, pidió imputar al PSOE como persona jurídica. El 9 de octubre de 2026 Pedraz lo descartó 'en este momento', en línea con Anticorrupción, que aprecia indicios pero considera prematura la petición hasta completar diligencias.

En octubre de 2026 fue citado como investigado en la causa el exjuez Luis Sáenz de Tejada, por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. El PP, que ejerce la acusación popular, sostiene que contactó con un clan vinculado al narcotráfico para «eliminar» a la magistrada que instruyó el caso David Sánchez.

En un auto conocido el 3 de noviembre de 2026, Pedraz prorrogó la instrucción seis meses, hasta el 10 de junio de 2027, por las «múltiples» diligencias pendientes, entre ellas las declaraciones como investigados de Cerdán, Díez, Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset, y no descartó nuevas actuaciones. El 6 de noviembre citó como testigo, para el día 24, a Cintia Rocho, que según un informe de la UCO declaró ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le dijo que había que «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma. El exjuez sostiene que es falso que contactara con ella.

Fuentes