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17 nov. 2026
El Panorama

Las pulseras antimaltrato: de la reprobación de la ministra a la investigación de la Fiscalía Europea

La memoria de la Fiscalía reveló que un error en el cambio de empresa del sistema de pulseras de control de maltratadores provocó la pérdida de datos durante meses y el archivo de causas. Ana Redondo negó el fallo y acusó a la Fiscalía de 'alarma'; el Congreso la reprobó. En noviembre de 2026 la Fiscalía Europea practicó diligencias en Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con los fondos europeos del contrato de 2023.

PSOENacionalGestión negligente, uso de fondos públicosPrimera noticia: Hechos: 2023–2026
En investigaciónSituación comprobada el 13 de noviembre de 2026

Último hito, : La Fiscalía Europea practicó diligencias en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con fondos europeos en la compra de las pulseras. Fuente

La Fiscalía Europea investiga desde 2025 un presunto fraude con los fondos de la UE del contrato de pulseras de 2023; el 12 de noviembre de 2026 practicó diligencias, con la UCO, en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. No consta ninguna persona investigada. En el plano político, el Congreso reprobó a la ministra en 2025.

Las personas investigadas o acusadas gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Aparecen: Ana Redondo (responsabilidad política) y Irene Montero (responsabilidad política). Ver sus fichas

En septiembre de 2025 la memoria anual de la Fiscalía General del Estado advirtió de que el traspaso del servicio de pulseras telemáticas para maltratadores a la nueva adjudicataria, Cometa (una unión de Vodafone y Securitas), causó la pérdida durante meses de datos anteriores a marzo de 2024, lo que habría provocado sobreseimientos de causas por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), aseguró que 'no hay fallo en las pulseras, han funcionado en todo momento' y acusó a la Fiscalía de hacer una 'valoración sin datos'. La Fiscalía aclaró después que la incidencia fue 'puntual' y que la mayoría de casos se resolvieron. El Congreso aprobó la reprobación de la ministra.

En noviembre de 2025 una sobrecarga del sistema obligó a Igualdad a activar el protocolo de protección a las víctimas. En 2026 se publicó que el ministerio renovó el contrato pese a los fallos y a un informe técnico que señalaba que los pliegos favorecían a la adjudicataria.

El 22 de septiembre de 2026 el Tribunal de Cuentas aprobó un informe de fiscalización de los contratos del sistema de 2018, 2021 y 2023, por 102,6 millones de euros en total, en el que detectó «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del servicio: los tres se tramitaron por urgencia pese a que la fecha de fin de cada contrato era conocida, los problemas de acceso a los datos históricos impidieron responder a 123 requerimientos judiciales y hubo errores de geolocalización, interrupciones y baterías con autonomía deficiente. El contrato de 2023, adjudicado a Vodafone con Securitas por 35,2 millones sin impuestos, se firmó cuando Irene Montero dirigía Igualdad y lo gestionó después el equipo de Ana Redondo; 6,4 millones se financiaron con fondos del Plan de Recuperación, según explicó el ministerio en noviembre de 2025.

El 12 de noviembre de 2026 la Fiscalía Europea anunció que su oficina de Madrid practicaba «medidas de investigación» en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, con apoyo de la UCO, dentro de una investigación abierta en 2025 por un presunto delito de fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a las pulseras. No identificó investigados ni cifró los fondos. Según Público y elDiario.es, la UCO pidió el expediente completo del contrato de 2023. Igualdad dijo que no era un registro y que la Fiscalía Europea ya le había pedido información en marzo; Redondo ofreció «colaboración absoluta» y afirmó que le consta que los fondos se invirtieron correctamente.

Fuentes