Administración pública
Programas de 2026. Solo se comparan documentos del mismo año.
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Economía, trabajo e innovación
Sociedad y derechos
Territorio, energía y medio ambiente
PP37 medidas · 15 % del programa
Auditar en los primeros cien días el gasto, las plantillas, las ayudas y los contratos del Estado, y trasladar los resultados al primer presupuesto.
Priorizar el mantenimiento y la seguridad de los servicios y redes esenciales frente a nuevas obras.
Reducir ministerios, altos cargos y asesores; fusionar organismos duplicados y someter las nuevas entidades a una fecha de caducidad prorrogable por las Cortes.
Evaluar de forma independiente todo el presupuesto a lo largo de la legislatura y publicar las conclusiones con cada proyecto presupuestario.
Mantener las oposiciones como vía de acceso al empleo público y automatizar tareas repetitivas para reforzar la atención personal.
Eliminar tres normas vigentes por cada nueva regulación y reducir antes de 2029 las cargas administrativas un 25 % en general y un 35 % para las pymes.
Ver las 37 medidasMostrar solo 6
Ampliar las declaraciones responsables y el silencio administrativo positivo para actividades de bajo riesgo.
Garantizar atención presencial, telefónica y digital, con asistencia digital las 24 horas y apoyo a quienes tengan dificultades para hacer trámites.
Reconocer de oficio ayudas y prestaciones cuando la Administración disponga de los datos, con supervisión humana de las decisiones que afecten a derechos.
Acortar los plazos de devolución de impuestos y pago de ayudas, y reunir en un expediente las autorizaciones necesarias de un proyecto.
Prorrogar subvenciones solo tras evaluar sus resultados, ampliar la concurrencia competitiva y priorizar incentivos fiscales sobre ayudas directas.
Auditar en seis meses las oficinas y plantillas estatales y aprobar un Plan Nacional de Presencia del Estado, con incentivos para destinos de difícil cobertura.
Regular el traspaso de poderes con informes ministeriales obligatorios, plazos, responsables y consecuencias por ocultar o falsear información.
Aprobar un Estatuto de los Pequeños Municipios que reduzca trámites y permita compartir personal y servicios, sin nuevas obligaciones estatales sin financiación.
Vender las participaciones empresariales del Estado que no tengan un interés público o estratégico acreditado.
Fijar objetivos de reducción de deuda y ampliar las competencias de la AIReF para evaluar el gasto y la sostenibilidad presupuestaria.
Ejercer directamente las competencias exclusivas estatales e implantar estándares y sistemas digitales comunes en servicios gestionados por las autonomías.
Crear plazas judiciales, reforzar órganos colapsados, publicar tiempos de respuesta y extender el expediente electrónico a todas las jurisdicciones.
Crear una autoridad única para la política migratoria y publicar un informe anual sobre sus efectos laborales, sociales y presupuestarios.
Reformar Protección Civil y crear un Mecanismo Nacional de Respuesta y un mando único para emergencias de alcance nacional.
Dotar a la Junta Electoral Central de medios propios y estables para ejecutar sus acuerdos.
Profesionalizar la dirección del CIS, darle un mandato independiente del Gobierno y auditar su actividad desde 2018.
Fijar por ley el mandato del presidente del INE, limitar su cese y proteger la independencia de métodos y publicaciones.
Excluir de la presidencia del Consejo de Estado a quienes hayan ocupado determinados cargos en los últimos cinco años y ampliar sus dictámenes públicos.
Aprobar reglas comunes para elegir a los responsables de reguladores y autoridades independientes entre profesionales sin cargos políticos recientes.
Implantar trazabilidad digital de contratos y subvenciones con identificación de beneficiarios reales y más controles de conflictos de interés.
Reforzar la Alta Inspección estatal para garantizar derechos comunes y evitar que un cambio de autonomía obligue a reiniciar trámites o perder prestaciones.
Hacer válidas en distintas autonomías las licencias y autorizaciones basadas en requisitos comunes y permitir recurrir trabas ante la CNMC.
Permitir al ciudadano elegir entre castellano y lengua cooficial al relacionarse con las administraciones de territorios bilingües.
Compensar la insularidad y ultraperiferia con conexiones regulares, mejoras de suministros e incentivos para empleados públicos en destinos difíciles.
Modernizar el IMSERSO, asegurar atención presencial y ampliar la elección de vivienda y cuidados de las personas mayores.
Construir un millón de viviendas movilizando suelo público y privado y aprobar una Ley del Suelo con licencias resueltas en tres meses mediante silencio positivo.
Crear proyectos residenciales estratégicos que unifiquen trámites, eviten informes duplicados y permitan autorizaciones simultáneas.
Someter cada nueva regulación económica a un test público de productividad, empleo y competitividad y justificar los efectos negativos significativos.
Declarar estratégicos los proyectos industriales con al menos cien empleos, agilizar sus permisos y planificar su conexión eléctrica en seis meses.
Evaluar el impacto rural de las normas mediante el Mecanismo Rural de Garantía antes de aprobarlas.
Reforzar consulados, digitalizar trámites y crear una centralita consular única de emergencias operativa las 24 horas.
En cada partido aparecen primero las medidas cuyo tema principal es «Administración pública», en el orden del documento.
Sin programa incorporado de 2026: Sumar, Podemos, Junts. Puedes consultar los documentos anteriores con el selector de año.