Transparencia y calidad democrática
Programas de 2026. Solo se comparan documentos del mismo año.
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Economía, trabajo e innovación
Sociedad y derechos
Territorio, energía y medio ambiente
PP39 medidas · 16 % del programa
Reforzar la identificación, custodia y trazabilidad del voto por correo, con seguimiento del sobre y confirmación de su entrega.
Ampliar las incompatibilidades para ocupar cargos públicos por condenas graves y mientras persista la rebeldía judicial por delitos graves.
Dotar a la Junta Electoral Central de medios propios y estables para ejecutar sus acuerdos.
Publicar íntegramente los pactos de investidura, legislatura y apoyo parlamentario, sin anexos reservados.
Crear un estatuto institucional del líder de la oposición con cauces regulares de información sobre asuntos de Estado.
Promover la disolución de las Cortes tras una segunda prórroga presupuestaria consecutiva.
Ver las 39 medidasMostrar solo 6
Encomendar al Senado el examen anual de la ejecución presupuestaria, los fondos europeos y las transferencias autonómicas.
Profesionalizar la dirección del CIS, darle un mandato independiente del Gobierno y auditar su actividad desde 2018.
Iniciar en cien días la reforma de RTVE y EFE para reforzar su independencia, pluralismo y dirección profesional.
Fijar por ley el mandato del presidente del INE, limitar su cese y proteger la independencia de métodos y publicaciones.
Excluir de la presidencia del Consejo de Estado a quienes hayan ocupado determinados cargos en los últimos cinco años y ampliar sus dictámenes públicos.
Dar al Tribunal de Cuentas acceso en tiempo real a contratos, subvenciones, financiación política y grandes transferencias públicas.
Aprobar reglas comunes para elegir a los responsables de reguladores y autoridades independientes entre profesionales sin cargos políticos recientes.
Implantar trazabilidad digital de contratos y subvenciones con identificación de beneficiarios reales y más controles de conflictos de interés.
Crear una Autoridad Independiente de Transparencia con facultades sancionadoras, que absorba la Oficina de Conflictos de Intereses.
Limitar las prórrogas parlamentarias, impedir enmiendas ajenas a las leyes y fijar plazos máximos para tramitar las iniciativas remitidas por el Senado.
Impedir que se repita por decreto-ley el contenido de otro rechazado en el mismo periodo de sesiones y limitar los procedimientos legislativos excepcionales.
Fijar plazos y consecuencias por incumplir comparecencias y celebrar el debate sobre el Estado de la Nación cada año completo de legislatura.
Crear un registro nacional público y obligatorio de grupos de interés ante el Gobierno y las Cortes.
Auditar en los primeros cien días el gasto, las plantillas, las ayudas y los contratos del Estado, y trasladar los resultados al primer presupuesto.
Reducir ministerios, altos cargos y asesores; fusionar organismos duplicados y someter las nuevas entidades a una fecha de caducidad prorrogable por las Cortes.
Evaluar de forma independiente todo el presupuesto a lo largo de la legislatura y publicar las conclusiones con cada proyecto presupuestario.
Excluir de las negociaciones de investidura las cesiones sobre competencias estatales básicas y evaluar las transferencias según su efecto sobre la igualdad.
Derogar la Ley de Amnistía y aprobar una Ley del Indulto que excluya corrupción, terrorismo y determinados delitos graves.
Limitar los aforamientos y reformar el suplicatorio para reducir obstáculos al enjuiciamiento de representantes públicos.
Regular el traspaso de poderes con informes ministeriales obligatorios, plazos, responsables y consecuencias por ocultar o falsear información.
Impedir el acceso al Tribunal Constitucional a quienes hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores y reforzar sus incompatibilidades.
Resolver en noventa días los recursos sobre leyes que afecten a derechos fundamentales y ampliar el control previo de determinadas leyes orgánicas.
Publicar asuntos pendientes, reparto y votos del Tribunal Constitucional, y aprobar un código ético en seis meses con medidas frente a filtraciones.
Dar al fiscal general un mandato único de cinco años, exigir informe vinculante del CGPJ y establecer el cese automático por procesamiento.
Reforzar el Consejo Fiscal, objetivar nombramientos y reparto de asuntos y dar autonomía presupuestaria y organizativa a la Fiscalía.
Hacer públicas las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno salvo materias reservadas.
Hacer que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del CGPJ e impedir durante cinco años el regreso a funciones judiciales o fiscales tras ocupar cargos políticos.
Exigir una justificación expresa de interés general para que la Abogacía del Estado defienda a miembros del Gobierno.
Reforzar la protección de periodistas, fuentes y secreto profesional frente a injerencias políticas.
Restablecer las penas por malversación, reforzar la recuperación de activos y adaptar el marco penal a las normas europeas contra la corrupción.
Sustituir la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por normas de clasificación con plazos máximos de desclasificación y control judicial.
Restablecer el castellano como lengua de trabajo del Congreso y de los órganos superiores de cooperación territorial, manteniendo las lenguas cooficiales en el Senado.
Presentar una Estrategia de Acción Exterior e informar al Parlamento antes de cambios esenciales, con autorización de las Cortes para acuerdos sobre soberanía o fronteras.
En cada partido aparecen primero las medidas cuyo tema principal es «Transparencia y calidad democrática», en el orden del documento.
Sin programa incorporado de 2026: Sumar, Podemos, Junts. Puedes consultar los documentos anteriores con el selector de año.