Hacer gratuito todo transporte público urbano e interurbano de autobús y tren en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Electrificar toda la red ferroviaria estatal antes de 2030 y eliminar locomotoras diésel.
Elevar mercancías ferroviarias al 80% del total con apartaderos, intermodalidad y conexiones portuarias y del Corredor Mediterráneo.
Reducir cánones de mercancías en vías convencionales y promover centros de rotura de carga y flotas descarbonizadas.
Priorizar mantenimiento y accesibilidad de Cercanías y tren convencional, recuperar trenes nocturnos y transferir Rodalies a Cataluña.
Triplicar al menos la inversión anual en Cercanías durante cuatro años.
Crear acreditación pública oficial de retrasos del transporte para proteger derechos laborales de usuarios.
Ampliar y unificar recarga eléctrica e impulsar producción de vehículos eléctricos.
Ofrecer alquiler con compra de eléctricos a cien euros mensuales urbanos o 150 familiares para rentas medias y bajas, microempresas y vulnerabilidad rural, con bono de recarga.
Dar hasta 8.000 euros y deducciones de hasta 25.000 a autónomos y agricultores que cambien vehículos antiguos por eléctricos.
Desplegar recarga local en aparcamientos, logística y farolas públicas, priorizando barrios sin garajes y pueblos.
Automatizar ayudas de compra eléctrica progresivas según renta y probar conversión de vehículos de combustión a eléctricos.
Crear financiación estatal estable para electrificar flotas públicas y su recarga, condicionada a sustitución de vehículos contaminantes.
Electrificar mercancías por carretera con recarga ultrarrápida en rutas y ayudas específicas a transportistas autónomos.
Aplicar pago por uso a mercancías pesadas de más de 3,5 toneladas según emisiones, distancia y alternativas, con bonificaciones de proximidad y reinversión territorial transparente.
Crear centros de distribución urbana con vehículos eléctricos pequeños y regular plataformas de reparto en el espacio público.
Proteger el servicio de taxi y restringir nuevas licencias VTC.
Exigir planes de movilidad sostenible en polígonos y grandes centros de trabajo con empresas y sindicatos.
Financiar autobús y taxi compartido rural a demanda, priorizando mayores y movilidad reducida.
Proteger entornos escolares con caminos peatonales y ciclistas, señalización y vigilancia y máximo de veinte kilómetros por hora.
Prohibir vuelos interiores con alternativa ferroviaria competitiva de hasta dos horas y media salvo conexiones internacionales.
Eliminar privilegios fiscales aéreos, gravar progresivamente viajeros frecuentes y transportes de lujo y frenar ampliaciones aeroportuarias incompatibles con metas climáticas.
Restringir llegada masiva de megacruceros y penalizar buques con combustibles especialmente contaminantes.
Investigar combustibles de aviación biológicos y sintéticos y electrificación, sin competir con alimentos ni depender de residuos limitados.
Instalar conexión eléctrica en todos los muelles de cruceros y ferris para apagar motores en atraque y limitar cruceros turísticos.
Financiar redes ciclistas y bicicletas de carga para conectar pueblos y estaciones y hacer gratuito el alquiler público de bicicletas en islas, Ceuta y Melilla.
Crear ayudas MOVES a bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos.
Devolver alta velocidad a operación exclusiva de Renfe, paralizar nuevas liberalizaciones y no renovar capacidades privadas al vencer, defendiendo el modelo ante la UE.
Ofrecer integración voluntaria de personal de Ouigo e Iryo en Renfe con antigüedad y al menos el salario existente, mediante negociación sindical.
Internalizar limpieza, seguridad, restauración, atención y mantenimiento de Renfe y Adif incorporando directamente las plantillas contratistas.
Acelerar sustitución de sistemas ferroviarios antiguos por ERTMS, incluido Madrid-Sevilla, y reforzar mantenimiento y control de Adif.
Auditar independientemente todo el ferrocarril en seis meses, incluidos liberalización, externalizaciones y condiciones laborales, con resultados públicos y plan presupuestado.
Crear una mesa mensual de seguridad con plantillas y sindicatos de Renfe y Adif y un canal protegido de avisos operativos con respuesta pública.
Renovar trenes convencionales y de proximidad e implantar accesibilidad integral de estaciones con ascensores y escaleras mecánicas.
Reasignar al ferrocarril casi 13.000 millones previstos para ampliar aeropuertos en DORA.
Priorizar corredores Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico-Mediterráneo y conexiones entre ciudades sin Madrid, avanzando en la Línea Orbital Ferroviaria.
Publicar indicadores de fiabilidad de Rodalies y completar su transferencia con recursos y coordinación.
Mejorar accesos públicos y ciclistas a estaciones y crear aparcamientos disuasorios periféricos.
Acordar inversiones según población y territorio y convenios o encomiendas con comunidades de baja ejecución, con seguimiento público.
Exigir que las nuevas promociones tengan servicios esenciales a menos de quince minutos a pie o en transporte público.
Gravar el queroseno de vuelos nacionales.
Vincular el impuesto municipal de vehículos a emisiones y distintivo ambiental y permitir coeficiente de hasta 2,5 sin etiqueta o sobre 120 gramos de CO₂ por kilómetro.
Estudiar eficacia de pasos de fauna de carreteras estatales y localizar tramos que necesitan nuevas infraestructuras.
Dar protección especial a cachalote y rorcual común y aplicar límites de velocidad, ruido y colisiones en el corredor de cetáceos mediterráneo.
Limitar transporte de animales vivos y garantizar su bienestar.
Financiar renovación y descarbonización de flotas de pymes y autónomos.
Mantener paradas rurales de autobús y financiar transporte autonómico de territorios despoblados según superficie afectada.
Garantizar conexiones mínimas anuales insulares y peninsulares con obligaciones de servicio público, especialmente de islas no capitalinas.
Mantener indefinidamente el régimen especial balear y ayudas de transporte de Baleares y Canarias y compensar fiscalmente la insularidad.
Asumir estatalmente reconstrucción de infraestructuras públicas valencianas dañadas por la DANA, incluidos hospitales, escuelas y residencias.
Impulsar áreas metropolitanas autonómicas con observatorios ciudadanos, participación propia en tributos estatales y contratos plurianuales de transporte.