Justicia
Programas de 2026. Solo se comparan documentos del mismo año.
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Economía, trabajo e innovación
Sociedad y derechos
Territorio, energía y medio ambiente
PP32 medidas · 13 % del programa
Recuperar los delitos de sedición y convocatoria de referéndum ilegal en el Código Penal.
Agilizar los juicios rápidos y la tramitación conjunta de delitos leves para responder a la multirreincidencia.
Endurecer las penas por desórdenes públicos violentos y ampliar las facultades preventivas de la policía ante indicios de violencia organizada.
Recuperar la agravante penal por ocultar el rostro para cometer actos violentos o delictivos.
Ampliar las penas por preparar o incitar a desórdenes violentos y agravarlas cuando se utilicen redes sociales o plataformas digitales.
Establecer consecuencias para padres o tutores que incumplan gravemente sus deberes conociendo la participación reiterada de menores en actos violentos.
Ver las 32 medidasMostrar solo 6
Ampliar la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cadáver y a determinados delincuentes sexuales reincidentes.
Crear plazas judiciales, reforzar órganos colapsados, publicar tiempos de respuesta y extender el expediente electrónico a todas las jurisdicciones.
Ampliar las competencias de la Audiencia Nacional contra el crimen organizado y especializar órganos en ciberdelitos, delitos fiscales y medioambientales.
Derogar la Ley de Amnistía y aprobar una Ley del Indulto que excluya corrupción, terrorismo y determinados delitos graves.
Limitar los aforamientos y reformar el suplicatorio para reducir obstáculos al enjuiciamiento de representantes públicos.
Impedir el acceso al Tribunal Constitucional a quienes hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores y reforzar sus incompatibilidades.
Resolver en noventa días los recursos sobre leyes que afecten a derechos fundamentales y ampliar el control previo de determinadas leyes orgánicas.
Publicar asuntos pendientes, reparto y votos del Tribunal Constitucional, y aprobar un código ético en seis meses con medidas frente a filtraciones.
Delimitar la admisión y los efectos del recurso de amparo para que no reabra la interpretación de legalidad ordinaria del Tribunal Supremo.
Dar al fiscal general un mandato único de cinco años, exigir informe vinculante del CGPJ y establecer el cese automático por procesamiento.
Reforzar el Consejo Fiscal, objetivar nombramientos y reparto de asuntos y dar autonomía presupuestaria y organizativa a la Fiscalía.
Hacer públicas las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno salvo materias reservadas.
Hacer que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del CGPJ e impedir durante cinco años el regreso a funciones judiciales o fiscales tras ocupar cargos políticos.
Reforzar la protección penal y administrativa de jueces frente a presiones y amenazas e impedir citarlos en las Cámaras por sus actuaciones judiciales.
Exigir una justificación expresa de interés general para que la Abogacía del Estado defienda a miembros del Gobierno.
Restablecer las penas por malversación, reforzar la recuperación de activos y adaptar el marco penal a las normas europeas contra la corrupción.
Revisar los asesinatos de ETA sin resolver y publicar cada año los avances en su esclarecimiento.
Impedir homenajes a terroristas y condicionar el tercer grado y la libertad condicional por terrorismo al arrepentimiento y la colaboración efectiva con la Justicia.
Fijar una multa mínima de 3.000 euros por vandalismo no delictivo durante desórdenes multitudinarios y agilizar las indemnizaciones a comerciantes.
Tipificar la captación de menores para delinquir, aprobar un plan contra bandas y armas blancas y ampliar el internamiento por delitos graves violentos.
Trasladar a Interior el control de dispositivos de alejamiento, integrar los servicios asistenciales en VioGen y reforzar juzgados y unidades de violencia de género.
Prestar defensa jurídica inmediata a los agentes y valorar sus actuaciones según la información y amenazas conocidas al intervenir.
Expulsar a extranjeros condenados por delitos sexuales, de sangre o multirreincidencia y retirar la residencia por vínculos con crimen organizado o radicalización violenta.
Ampliar las incompatibilidades para ocupar cargos públicos por condenas graves y mientras persista la rebeldía judicial por delitos graves.
Retirar la nacionalidad adquirida mediante fraude y regular su pérdida por determinados delitos graves para quienes no sean españoles de origen, evitando la apatridia.
Permitir el desalojo judicial por ocupación en 48 horas, habilitar a comunidades de propietarios para solicitarlo y eximir al propietario de suministros e impuestos durante la ocupación.
En cada partido aparecen primero las medidas cuyo tema principal es «Justicia», en el orden del documento.
Sin programa incorporado de 2026: Sumar, Podemos, Junts. Puedes consultar los documentos anteriores con el selector de año.