Ampliar extraescolares gratuitas y cuidados profesionales a domicilio a través del Plan Corresponsables.
Conceder el IMV de oficio con datos fiscales y de Seguridad Social y elevarlo hacia el 60% de la renta mediana autonómica según unidades de consumo.
Extender plenamente el IMV a jóvenes de 18 a 30 años sin requisitos desproporcionados de emancipación y garantizar al menos el 40% de la mediana nacional.
Transferir la gestión del IMV a las comunidades y proteger a perceptores de buena fe frente a devoluciones por regularizaciones tardías.
Calcular preferentemente el IMV con ingresos recientes para atender situaciones de pobreza sobrevenida.
Elevar la inversión pública en dependencia del 0,8% al 1,7% del PIB en 2030 mediante un plan presupuestario con plazos y objetivos.
Desplegar asistencia personal y cuidados en viviendas como alternativa a residencias, acordando estándares estatales de calidad y prestaciones más intensas y compatibles.
Garantizar a cuidadores no profesionales apoyos para descanso, conciliación y convalecencias médicas.
Condicionar el aumento de fondos de cuidados a objetivos verificables de cobertura, listas de espera, calidad, eliminación de copagos y mejora laboral.
Duplicar la ayuda a domicilio, incluir fines de semana en gran dependencia y reconocer un mes anual de respiro cofinanciado al 50% entre Estado y comunidades.
Reforzar plantillas, salarios, formación y estabilidad de profesionales de cuidados y la protección social y el descanso de cuidadores no profesionales.
Adaptar o automatizar el acceso a prestaciones de cuidadores principales tras fallecer la persona dependiente.
Estudiar prestaciones que cubran salarios y cotizaciones del cuidado contratado por familias y mecanismos de formación de profesionales.
Aprobar las leyes de Familias y de Cuidados y Sostenibilidad de la Vida y un pacto estatal por los cuidados.
Permitir designar voluntariamente personas de referencia sin parentesco ni convivencia para permisos, cuidados y acompañamiento, sin imponer obligaciones automáticas.
Elevar gradualmente el IMV para que ningún hogar quede bajo el 40% de la renta media y equiparar pensiones mínimas y no contributivas al umbral de pobreza.
Ampliar progresivamente a diez semanas el permiso parental retribuido al 100% hasta los doce años del menor, con retroactividad desde la directiva de 2019.
Ampliar a veinte semanas los permisos por nacimiento para cada progenitor, duplicarlos en familias monoparentales y permitir parcialidad desde la semana dieciséis.
Permitir a familias monoparentales transferir semanas de permiso por maternidad a personas de su entorno para apoyo tras el parto.
Universalizar gratuitamente la conciliación y elevar un 20% el Plan Corresponsables para extraescolares, campamentos y cuidados.
Aprobar un Plan Estratégico Estatal de Servicios Sociales orientado a modernización, atención centrada en personas y activación comunitaria.
Aumentar fondos estatales para servicios sociales comunitarios y dirigirlos a modernización e innovación estratégicas.
Aprobar una Ley de Profesiones de Servicios Sociales que regule, entre otras, trabajo social, educación social y psicología social y mejore sus condiciones laborales.
Crear redes comunitarias de apoyo psicosocial frente a pobreza, aislamiento, violencia y exclusión, especialmente para jóvenes y mayores.
Aplicar plenamente la reforma de discapacidad de 2026 para garantizar accesibilidad, vida independiente y autonomía personal.
Registrar pérdidas gestacionales desde el sexto mes, dar permiso al otro progenitor tras muerte fetal desde 180 días y ampliar el maternal por complicaciones acreditadas.
Fijar mínimos, seguimiento y evaluación de cuidados en el pacto estatal y estudiar legislación básica que evite disparidades territoriales.
Elevar del 1,5% al 2,4% del PIB la inversión estatal en protección infantil y familias.
Crear un plan marco intersectorial de derechos y calidad de servicios de infancia, adolescencia y familias.
Financiar plenamente instrumentos de la LOPIVI en todos los niveles públicos y desplegar la estrategia de erradicación de violencia infantil.
Priorizar por ley acogimiento familiar y aportar formación, asistencia técnica y ayudas a familias acogedoras.
Prohibir acogimiento residencial de menores de seis años, eliminarlo hasta los diez en 2030 y alcanzar un 70% de acogimiento familiar, con pilotos de transición adulta.
Permitir anticipar hasta doce meses la prestación por crianza durante la búsqueda de embarazo.
Destinar el gravamen energético a una ayuda automática de 1.000 euros por hogar vulnerable durante dos años y prohibir trasladar el impuesto a clientes.
Crear ayudas a cooperativas de cesión de uso para hogares con menos recursos, reducir aportaciones iniciales y garantizar acceso a ayudas al alquiler.
Crear un contrato específico de alquiler asequible para alojamientos vinculados a servicios sociales.
Prohibir desahucios de hogares vulnerables sin alternativa estable y hacer que la administración pague el alquiler a pequeños propietarios al precio del índice.
Asumir públicamente vivienda e hipoteca ante impago de primera residencia e incorporarla al parque público, manteniendo a la familia con alquiler social.
Auditar la accesibilidad de todos los edificios residenciales colectivos y financiar ascensores y rampas donde vivan mayores o personas con movilidad reducida.
Hacer gratuitos los comedores de Infantil y Primaria públicas y exigir menús frescos, locales, de temporada, sin ultraprocesados y adaptados a alergias.
Aplicar el principio de aportar documentos una sola vez, conectar administraciones y garantizar atención presencial.
Garantizar una cuenta de pago básica gratuita a personas vulnerables.
Ampliar de forma general los permisos retribuidos para cuidar a familiares y personas dependientes del entorno.
Ampliar a diez días hábiles el permiso por fallecimiento de pareja o familiares hasta segundo grado, distribuibles en cuatro semanas.
Crear quince días retribuidos para acompañar cuidados paliativos de familiares y un día para acompañar una prestación de ayuda para morir.
Integrar plenamente la educación de 0 a 3 años en el sistema educativo y garantizar plazas públicas gratuitas para todas las familias solicitantes.
Transferir más fondos a comunidades para profesionales de apoyo a la educación inclusiva.
Incluir audífonos en la cartera sanitaria para quienes los necesiten, priorizando ayudas a mayores de 65 años y personas con discapacidad.
Crear recursos estatales para trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje y una red de centros educativos para casos severos.
Duplicar becas obligatorias para alumnado público vulnerable y llegar a 500.000 estudiantes adicionales.
Aumentar un 60% las becas de necesidades específicas, ampliar colectivos y priorizar renta familiar tras acreditación técnica.
Aprobar una Ley Integral contra la Trata con integración social y laboral de las víctimas.
Asignar al menos 250 millones de euros a víctimas de trata y explotación sexual con asistencia pública directa y sin subcontratación empresarial.
Dotar de presupuesto, personal y medios a Fiscalía y juzgados especializados en violencia contra la infancia.
Crear secciones judiciales de infancia y extender la prueba preconstituida hasta los 18 años.
Extender Barnahus a todo el territorio y crear una comisión de reconocimiento de víctimas de violencia sexual infantil.
Aprobar un plan de atención e inclusión de infancia migrante con reparto vinculante solidario entre comunidades y apoyo a transición adulta.
Prohibir desahucios de familias con menores sin alternativa habitacional previa adecuada.
Crear una tasa Zucman del 3% anual para patrimonios superiores a 50 millones, sin exenciones empresariales, que financie crianza y persista cinco años tras traslado al extranjero.
Reformar centros especiales de empleo conforme a principios de derechos e inclusión de personas con discapacidad.
Equiparar protección del trabajo del hogar con prevención efectiva, inspección y profesionalización.
Sustituir bonos por tarifa social energética automática con mínimos de electricidad, calefacción y refrigeración y protección permanente contra cortes por impago vulnerable.
Subvencionar del 85% al 95% de climatización de 1,7 millones de hogares con bono térmico y aumentar en 144 kWh el consumo bonificado de junio a agosto.
Garantizar tres horas diarias de electricidad gratuita en la franja solar para todos los hogares, obligando a grandes comercializadoras y vigilando compensaciones de precios.
Ayudar a comprar e instalar refrigeración a mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y otros colectivos vulnerables según región climática.
Ofrecer alquiler con compra de eléctricos a cien euros mensuales urbanos o 150 familiares para rentas medias y bajas, microempresas y vulnerabilidad rural, con bono de recarga.
Fijar estándares de sombra, ventilación, agua y climatización y financiar más de 28.000 centros para aulas entre 17 y 27 °C y protección térmica de servicios sociales.
Reconocer legalmente agua y saneamiento como derechos, garantizar mínimo gratuito a hogares vulnerables y extender fuentes y aseos públicos.
Crear un Plan de Abandono Cero con adopción y subvención veterinaria básica para colectivos vulnerables.
Crear un marco público-comunitario de coproducción y conciertos sociales para que cuidados públicos se presten sin ánimo de lucro.
Garantizar por ley servicios públicos básicos a menos de treinta minutos en todo el medio rural.
Crear un mecanismo que garantice igual nivel de servicios en comunidades infrafinanciadas.
Renovar trenes convencionales y de proximidad e implantar accesibilidad integral de estaciones con ascensores y escaleras mecánicas.
Asumir estatalmente reconstrucción de infraestructuras públicas valencianas dañadas por la DANA, incluidos hospitales, escuelas y residencias.
Equiparar bonificaciones de IBI de familias monoparentales y numerosas y modularlas por renta, vivienda, cargas y vulnerabilidad.
Prohibir adquisiciones de hospitales, clínicas, residencias, centros sociales y educativos por capital riesgo e inversión colectiva.
Reconocer diversidad familiar en prestaciones, formularios, servicios y derechos de filiación y reproducción.
Aplicar el pacto europeo priorizando interés del menor, evaluación de vulnerabilidad, determinación de edad con estándares internacionales y representación inmediata.
Ampliar umbrales y colectivos de justicia gratuita, incluyendo desahucios, violencias sexual y vicaria y procedimientos de derechos fundamentales de migrantes.