Igualar salarios de contratas y subcontratas con los de puestos similares de la empresa principal.
Prohibir expresamente absorber o compensar el SMI con complementos y pluses salariales.
Llevar información de márgenes a la negociación colectiva y exigir revisión salarial por IPC con aplicación subsidiaria legal.
Consolidar ultraactividad indefinida y prioridad sectorial en tiempo de trabajo, salvo mejoras de empresa, y limitar descuelgues a dificultades graves acreditadas.
Garantizar participación en beneficios y preferencia de compra a plantillas ante cierre o venta de empresas viables para crear cooperativas con apoyo ICO o ICF.
Gravar al 30% el exceso de beneficio sobre la media de tres años de empresas con más de 50 millones de facturación si sus salarios no siguen inflación o AENC.
Condicionar ayudas y contratos públicos a cumplir convenio sectorial y una ratio salarial máxima legal entre retribuciones más alta y baja.
Priorizar contratación pública de empresas con convenio, representación sindical efectiva y participación de plantilla.
Implantar registro horario digital interoperable con acceso remoto y en tiempo real de la Inspección.
Prohibir datos biométricos y geolocalización permanente en el registro horario.
Generalizar jornada continua y limitar la partida a supuestos negociados, con interrupciones acotadas y compensación salarial obligatoria no absorbible.
Extender presunción de laboralidad a todo trabajo de plataformas y responsabilidad solidaria de la matriz frente a flotas y falsos autónomos.
Exigir revisión humana de sanciones y despidos algorítmicos y acceso sindical a parámetros y evaluaciones, con auditorías independientes pagadas por la empresa.
Reconocer gestión algorítmica como riesgo laboral con evaluación previa y prohibir datos emocionales, biométricos y videovigilancia permanente en teletrabajo.
Hacer obligatoria la negociación de introducción de IA y crear comisiones paritarias de algoritmos en convenios.
Reformar indemnización por despido improcedente para reparar daño real y disuadir despidos injustificados conforme a la Carta Social Europea.
Recuperar autorización previa de despidos colectivos o devolución de ayudas en empresas con beneficios y exigir cotización adicional por despidos ligados a automatización.
Excluir contratos públicos de empresas condenadas contra seguridad laboral y eliminar descuentos por pronto pago de sanciones con accidentes o enfermedades profesionales.
Garantizar orden y duración de llamamientos y antigüedad íntegra de fijos discontinuos y limitar restricciones convencionales de sus derechos.
Eliminar dobles escalas salariales y exigir formación efectiva y tutelada en contratos formativos.
Limitar periodos de prueba y obligar a realizar pruebas y entregar evidencias objetivas de su no superación.
Reformar centros especiales de empleo conforme a principios de derechos e inclusión de personas con discapacidad.
Elevar paro contributivo al 80% de la base los primeros seis meses y al 70% después, y subir un 25% los topes máximos.
Ampliar cobertura por desempleo y cese de actividad de autónomos para carreras laborales discontinuas.
Fijar como objetivos de la legislatura converger con un paro europeo del 7% y superar una tasa de empleo del 70%.
Abonar prestaciones y subsidios de desempleo el día 25 de cada mes.
Permitir delegados sindicales compartidos por grupos de 50 a 100 microempresas de hasta seis empleados del mismo sector y territorio.
Garantizar comunicación sindical por canales digitales empresariales y transponer la directiva de comités de empresa europeos.
Reforzar uso tecnológico de la Inspección y transferir plenamente sus funciones, incluida Seguridad Social, a Cataluña.
Aprobar en seis meses un reglamento de riesgos psicosociales con métodos validados de evaluación y actuaciones organizativas.
Reconocer presentismo como riesgo y prohibir pluses de asistencia y algoritmos que penalicen bajas o ausencias justificadas.
Permitir justificar con declaración responsable enfermedades leves hasta tres días consecutivos y seis al año como permiso remunerado.
Responsabilizar a la principal de seguridad en toda la subcontratación y desarrollar protocolos contra acoso sexual y LGTBIfóbico conforme a OIT 190.
Adecuar prestaciones por accidente laboral y enfermedad profesional al salario real.
Reforzar transparencia y control público de mutuas, revisar públicamente altas profesionales e incorporar participación sindical efectiva.
Exigir protocolos laborales de calor, hidratación, descanso y horarios y mecanismos de cese de actividad por alertas climáticas extremas.
Garantizar teletrabajo voluntario y reversible con equipos y gastos empresariales y desconexión digital.
Regular prácticas con plan formativo, tutoría, duración limitada y compensación de gastos y prohibir sustituir empleos o trabajo gratuito.
Garantizar formación dentro de jornada y planes de recualificación vinculados a automatización.
Equiparar protección del trabajo del hogar con prevención efectiva, inspección y profesionalización.
Implantar de inmediato 37,5 horas en 2026 y 35 en empleo público, sin compensarlas con horas extra y elevando proporcionalmente salario por hora en contratos parciales.
Aprobar una ley de transición justa con planes comarcales al menos cinco años antes de posibles cierres, presupuesto, indicadores y evaluación independiente.
Ampliar plantillas de Inspección hacia ratios de OIT y aprobar un plan contra jornadas ilegales, riesgos climáticos, discriminación y explotación.
Desplegar empleo garantizado mediante convenios territoriales para necesidades sociales y ecológicas, sin sustituir puestos estructurales y con salarios mínimos del convenio aplicable.
Reservar a plantillas un tercio de consejos empresariales de 50 a 1.000 empleados y el 50% por encima de 1.000, también en empresas públicas.
Exigir negociación previa y planes de continuidad, empleo y transición ante cierres, deslocalizaciones, automatización y reestructuraciones, con impugnación judicial por incumplimiento.
Dar al comité capacidad de configurar, aprobar o vetar IA laboral y dos expertos pagados por la empresa, en IA e impacto ambiental.
Reservar a fideicomisos o cooperativas de plantilla más del 2% del capital en empresas de 25 a 1.000 empleados y más del 10% en las mayores.
Repartir obligatoriamente el 10% de beneficios a plantillas de empresas con cincuenta o más empleados antes de dividendos o recompras, cobrable en dinero o acciones.
Crear fondos colectivos y regionales Meidner bajo control trabajador para adquirir capital y convertir pymes en cooperativas, separados del ahorro de jubilación.
Rehabilitar 2,5 millones de viviendas vulnerables en diez años, subvencionando entre el 80% y el 95% de las obras y empleando personal del Plan de Empleo Garantizado.
Condicionar el aumento de fondos de cuidados a objetivos verificables de cobertura, listas de espera, calidad, eliminación de copagos y mejora laboral.
Reforzar plantillas, salarios, formación y estabilidad de profesionales de cuidados y la protección social y el descanso de cuidadores no profesionales.
Estudiar prestaciones que cubran salarios y cotizaciones del cuidado contratado por familias y mecanismos de formación de profesionales.
Permitir designar voluntariamente personas de referencia sin parentesco ni convivencia para permisos, cuidados y acompañamiento, sin imponer obligaciones automáticas.
Ampliar progresivamente a diez semanas el permiso parental retribuido al 100% hasta los doce años del menor, con retroactividad desde la directiva de 2019.
Ampliar a veinte semanas los permisos por nacimiento para cada progenitor, duplicarlos en familias monoparentales y permitir parcialidad desde la semana dieciséis.
Aprobar una Ley de Profesiones de Servicios Sociales que regule, entre otras, trabajo social, educación social y psicología social y mejore sus condiciones laborales.
Ajustar recursos y condiciones laborales de atención primaria a los determinantes sociales de la población atendida.
Registrar pérdidas gestacionales desde el sexto mes, dar permiso al otro progenitor tras muerte fetal desde 180 días y ampliar el maternal por complicaciones acreditadas.
Reclasificar profesionales sanitarios según formación y créditos conforme a la reforma del estatuto marco y al acuerdo de empleo público.
Dar descanso la mañana anterior y posterior a guardias de 24 horas y promover más plantillas para implantar turnos de ocho y doce horas.
Actualizar profesiones y competencias mediante reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Reservar a médicos del SNS el control de altas y bajas y limitar mutuas a apoyo y financiación en enfermedades profesionales.
Limitar por ley las horas lectivas docentes a 18 en Secundaria, Bachillerato, FP y régimen especial y a 23 en Infantil y Primaria.
Aprobar el Estatuto del Docente, reducir interinidad y reforzar formación, tutorías y resolución de conflictos.
Crear financiación plurianual universitaria y planes de reposición de personal docente, investigador y administrativo para reducir precariedad y avanzar hacia gratuidad.
Ampliar FPI y FPU, recuperar Margarita Salas y aumentar becas para estabilizar carreras predoctorales y posdoctorales.
Eliminar la figura de profesor sustituto, estabilizar contratos y reponer todas las plazas pendientes.
Desarrollar el Estatuto del Artista en fiscalidad, cotización y prestaciones y completar la Ley de Enseñanzas Artísticas y la revisión de titulaciones de FP.
Renovar equipamientos culturales estatales y reforzar plantillas y carrera de los cuerpos facultativos de patrimonio.
Aumentar ayudas al funcionamiento de asociaciones y sindicatos culturales y su participación en políticas públicas.
Regular perfiles, competencias y condiciones laborales para profesionalizar la mediación cultural.
Eliminar normas que penalicen a quienes ejercen prostitución y garantizar derechos sanitarios, laborales, de Seguridad Social y organización.
Crear un Plan de Emancipación Juvenil sobre vivienda, empleo estable y participación y revisar barreras de acceso al IMV.
Reducir IRPF de salarios hasta 27.000 euros de forma decreciente y eximir al SMI mediante mayor reducción por trabajo.
Permitir jubilación a los 60 años en construcción, limpieza, ayuda domiciliaria, camareras de piso y pesca por penosidad.
Cumplir cierres nucleares, incluido Almaraz en 2027-2028, sin beneficios fiscales, con costes de residuos y desmantelamiento empresariales y transición laboral y territorial.
Crear un cuerpo civil climático estable mediante empleo garantizado para incendios, restauración hídrica, adaptación y apoyo a agricultura regenerativa.
Unificar Adif y Renfe en un operador público con más plantilla, mantenimiento internalizado y refuerzo de Cercanías.
Crear acreditación pública oficial de retrasos del transporte para proteger derechos laborales de usuarios.
Exigir planes de movilidad sostenible en polígonos y grandes centros de trabajo con empresas y sindicatos.
Adaptar turismo al clima, diversificar hacia ecoturismo y actividad rural e incorporar vecinos y trabajadores a su gobernanza.
Reconocer la veterinaria como profesión sanitaria esencial para salud pública y bienestar animal.
Prohibir cría y sacrificio para pieles de moda y cerrar granjas peleteras con reconversión laboral.
Eliminar alimentación forzada del foie gras con reconversión industrial que mantenga empleo.
Priorizar inversión tecnológica en zonas despobladas o desindustrializadas y exigir empleo estable, formación, igualdad y arraigo territorial.
Exigir inversión, empleo y permanencia a empresas subvencionadas, con retornos públicos, devolución ante incumplimiento y límites a dividendos extraordinarios.
Alcanzar nivel de país fuertemente innovador en la legislatura y líder en 2030, consolidando estatuto investigador, estabilidad y retorno de talento.
Crear tasa nube con retorno municipal y comarcal y exigir empleo y formación regionales, priorizando conexiones de viviendas, industrias y comunidades energéticas.
Impulsar FP industrial e integrar servicios de empleo en planes regionales y sectoriales de reindustrialización.
Capitalizar Navantia, ampliar pedidos y empleo y diversificar hacia renovables y construcción naval avanzada con inversiones hasta 2030.
Reforzar Correos, mejorar condiciones laborales y diversificarlo hacia seguros propios, coworking, incubadoras y nube soberana pública.
Aumentar financiación y estabilidad laboral de EFE, someterla a control parlamentario e incorporar plantilla a su consejo.
Crear empleo forestal local de vigilancia, conservación y aprovechamiento sostenible en zonas de grandes incendios mediante empleo garantizado.
Ofrecer cuota fija bonificada sin perder protección a autónomos con ingresos reales inferiores al SMI anual por causas objetivas.
Crear un plan de IA para pymes y economía social con computación y datos públicos y código abierto, sin despidos, para alcanzar un 90% con digitalización básica en 2030.
Aportar financiación, asesoramiento y reservas indivisibles para que plantillas adquieran empresas viables y las conviertan en cooperativas o sociedades laborales.
Elevar reservas de contratos para centros de empleo social e inserción por encima del 15% y fijar objetivos vinculantes de compra de economía social.
Indexar contratos públicos de autónomos al SMI y costes salariales y aplicar a autónomos dependientes las condiciones del convenio de la empresa cliente.
Compensar homogéneamente costes de inserción sociolaboral mediante servicios de interés general y evitar restricciones indebidas de ayudas de minimis.
Incentivar industria, logística comarcal y digitalización rural con fiscalidad diferenciada y bonificaciones de cotizaciones en baja densidad para generar empleo estable.
Reforzar pluses de residencia y otros incentivos para cubrir puestos públicos estatales insulares.
Pactar salarios públicos que al menos mantengan poder adquisitivo con cláusula de garantía.
Reducir temporalidad pública al 8%, bajándola diez puntos el primer año conforme a acuerdos sindicales y resoluciones europeas.
Ofrecer integración voluntaria de personal de Ouigo e Iryo en Renfe con antigüedad y al menos el salario existente, mediante negociación sindical.
Internalizar limpieza, seguridad, restauración, atención y mantenimiento de Renfe y Adif incorporando directamente las plantillas contratistas.
Crear una mesa mensual de seguridad con plantillas y sindicatos de Renfe y Adif y un canal protegido de avisos operativos con respuesta pública.
Vincular incentivos directivos a largo plazo, empleo y sostenibilidad, recuperar primas por daños o cuentas falsas y publicar brechas salariales y topes en entidades públicas o rescatadas.
Transponer transparencia retributiva desde ofertas, derecho a conocer medias salariales por sexo y evaluaciones conjuntas ante brechas injustificadas superiores al 5%.
Crear un plan contra precariedad y brecha salarial en limpieza, cuidados, comercio y hostelería con más inspección y atención a mujeres especialmente vulnerables.
Autorizar trabajo por cuenta propia y ajena a solicitantes de apatridia desde seis meses de la solicitud.
Convertir recintos militares extranjeros en polos tecnológicos, industriales y de emergencias civiles, protegiendo empleo local.
Apoyar Agenda de Bridgetown y un fondo mundial de mitigación climática y una Carta Global Laboral con convenios OIT obligatorios en acuerdos comerciales.
Condicionar acuerdos europeos comerciales y de inversión a derechos humanos, sociales y ambientales.
Garantizar diversidad e igualdad en selección, formación y promoción policial de mujeres y colectivos infrarrepresentados.
Incorporar especialistas civiles en datos e investigación financiera a funciones sin autoridad policial y delegar tareas administrativas.
Priorizar resolución pacífica de conflictos, empatía y perfil social en selección y promoción policial.
Regular objeción de conciencia con procedimiento sencillo, protección frente a represalias y garantía de que no impida ejercer derechos ciudadanos.
Equiparar jornada policial a la del resto de empleo público.
Completar equiparación salarial de 2018, facilitar retorno activo desde reserva y segunda actividad y evitar nuevas diferencias por funciones iguales.
Alcanzar en dos legislaturas la ratio europea de jueces y fiscales, reforzar especialidades saturadas, estabilizar equipos y convocar anualmente plazas de gestión judicial.
Aumentar financiación y baremos del turno de oficio y fijar plazo máximo legal de pagos en gestión estatal y tribunales superiores.