Crear tarifa específica de centros de datos que cubra red y generación con contratos largos y penalización de cancelaciones anticipadas.
Crear tasa nube con retorno municipal y comarcal y exigir empleo y formación regionales, priorizando conexiones de viviendas, industrias y comunidades energéticas.
Obligar a grandes instalaciones a publicar consumo eléctrico e hídrico, origen energético y aprovechamiento de calor y extenderlo a la UE.
Financiar código abierto mediante banca pública, auditar contratos tecnológicos y registrar abiertamente la IA financiada con fondos públicos.
Solicitar observación inmediata y plena adhesión durante la legislatura al Digital Commons EDIC y participar en herramientas públicas abiertas y un fondo tecnológico europeo.
Revisar dependencia tecnológica extracomunitaria de servicios críticos y alojar datos estatales sensibles exclusivamente en proveedores en España sujetos a ley europea.
Impulsar IRIS² y otros proyectos europeos de soberanía tecnológica.
Aprobar una Ley de Gobernanza Digital con supervisión CNMC, acceso investigador a datos y multas de hasta el 6% de facturación mundial de plataformas.
Penar con hasta cuatro años la desobediencia directiva a retirar contenido ilícito en riesgos democráticos o emergencias y sancionar amplificación deliberada lucrativa.
Crear transparencia pública e independiente de algoritmos de visibilidad y permitir recomendaciones sin desplazamiento infinito.
Permitir elegir sistemas alternativos de recomendación, búsqueda y moderación y configurar orden de contenidos.
Impulsar interoperabilidad obligatoria de grandes plataformas en UE e Iberoamérica y prohibir bloqueo de rivales y favoritismo propio.
Garantizar traslado seguro de publicaciones, contactos y seguidores entre plataformas y limitar compras de competidores y concentración dominante.
Proteger seudónimos y acreditación de edad sin identidad civil, cuya revelación requerirá orden judicial penal explícita.
Crear espacios públicos de datos con privacidad y retorno colectivo e impedir apropiación tecnológica exclusiva de información de servicios públicos.
Regular IA pública con inventario de finalidades, datos, errores y sesgos, evaluación previa y anual e identificación de resoluciones asistidas con revisión humana.
Exigir auditoría independiente de IA en contratos públicos y decisiones esenciales, permitir rescisión por riesgos y garantizar información, reclamación y revisión humana.
Exigir comparecencia parlamentaria de directivos de IA ante riesgos graves o acceso a datos estatales y revisar respuesta pública a ciberataques críticos.
Considerar intromisión ilegítima imágenes y voces sintéticas no consentidas salvo sátira y crítica, exigir seguridad de IA generativa y prevenir usos humillantes.
Prohibir chatbots que simulen vínculos sentimentales o manipulen perfiles para retención y exigir recordar su naturaleza artificial y recomendar asistencia ante riesgos.
Crear un Observatorio Público del Riesgo de IA con comunidad académica y sociedad civil.
Priorizar información verificada e institucional en recomendaciones y búsquedas durante catástrofes y alertas.
Prohibir cajas de recompensa y azar encubierto en videojuegos accesibles a menores con sanciones graves.
Defender en la UE formato físico, préstamo y reventa de videojuegos digitales y continuidad funcional tras cesar soporte.
Exigir rectificaciones a grandes creadores de contenido ante intromisiones en honor, intimidad o dignidad.
Apoyar plataformas públicas y cooperativas abiertas con negociación equilibrada y remuneración justa para creadores y pymes, sin exclusividades ni comisiones abusivas.
Obligar a plataformas a retirar inmediatamente anuncios de alojamiento sin registro, bajo sanción administrativa.
Crear un Registro Estatal de Arrendamientos en tiempo real y exigir inscribir contratos antes de su publicidad o firma.
Prohibir programas y algoritmos que coordinen o fijen alquileres con datos de arrendadores y sancionar con hasta el 10% de la facturación mundial.
Someter algoritmos inmobiliarios a supervisión de CNMC y Agencia de Vivienda y a auditorías independientes contra discriminación y coordinación de precios.
Unificar el Registro Digital del Edificio y el Pasaporte de Rehabilitación para planificar mejoras progresivas.
Extender tarifas sociales de agua y acceso asequible a internet.
Estudiar con la comunidad educativa la regulación de IA y las limitaciones al móvil en centros escolares.
Crear plataformas culturales públicas y apoyar plataformas comunitarias con gestión participativa y acceso equitativo.
Financiar el Plan de Acción de Industrias Culturales para digitalización, reducción de emisiones, reutilización e internacionalización.
Crear ayudas a contenidos digitales en lenguas cooficiales.
Reformar normas penales, civiles y de protección para prevenir y sancionar violencia digital machista y mediante IA.
Limitar por defecto pantallas educativas durante horas lectivas, formar sobre ciberacoso con IA y crear escuelas de bienestar digital para familias.
Incluir alfabetización informacional y digital desde Primaria para prevenir riesgos, especialmente abuso infantil, y formar al profesorado.
Elevar al 15% el impuesto sobre servicios digitales de grandes multinacionales tecnológicas.
Cruzar permanentemente datos del registro de alquileres y Hacienda para detectar rentas ocultas, fraude temporal y deducciones indebidas.
Implantar registro horario digital interoperable con acceso remoto y en tiempo real de la Inspección.
Prohibir datos biométricos y geolocalización permanente en el registro horario.
Extender presunción de laboralidad a todo trabajo de plataformas y responsabilidad solidaria de la matriz frente a flotas y falsos autónomos.
Exigir revisión humana de sanciones y despidos algorítmicos y acceso sindical a parámetros y evaluaciones, con auditorías independientes pagadas por la empresa.
Reconocer gestión algorítmica como riesgo laboral con evaluación previa y prohibir datos emocionales, biométricos y videovigilancia permanente en teletrabajo.
Hacer obligatoria la negociación de introducción de IA y crear comisiones paritarias de algoritmos en convenios.
Recuperar autorización previa de despidos colectivos o devolución de ayudas en empresas con beneficios y exigir cotización adicional por despidos ligados a automatización.
Garantizar comunicación sindical por canales digitales empresariales y transponer la directiva de comités de empresa europeos.
Reforzar uso tecnológico de la Inspección y transferir plenamente sus funciones, incluida Seguridad Social, a Cataluña.
Garantizar teletrabajo voluntario y reversible con equipos y gastos empresariales y desconexión digital.
Garantizar formación dentro de jornada y planes de recualificación vinculados a automatización.
Prohibir precios personalizados basados en datos de clientes y permitir solo descuentos universales y tarifas sociales.
Suspender un año nuevas etiquetas electrónicas comerciales mientras se estudia su posible uso para subidas abusivas.
Elevar el tope de cotización y reforzar equidad intergeneracional con aportación adicional de empresas más automatizadas.
Crear un canon a grandes centros de datos y prohibir refrigeración con agua en cuencas afectadas por sequía.
Clausurar pozos ilegales y recuperar acuíferos estratégicos con vigilancia digital e IA de extracciones y nitratos.
Regular y, cuando proceda, prohibir agua para centros de datos en zonas de estrés hídrico y riesgo estival de incendios.
Reforzar Correos, mejorar condiciones laborales y diversificarlo hacia seguros propios, coworking, incubadoras y nube soberana pública.
Ampliar funciones de dinero electrónico de Correos y ofrecer cuentas y pagos instantáneos gratuitos y menores costes para autónomos y pequeños comercios.
Reforzar ventanilla única y acompañamiento público para digitalización y simplificación de pequeñas empresas.
Crear un plan de IA para pymes y economía social con computación y datos públicos y código abierto, sin despidos, para alcanzar un 90% con digitalización básica en 2030.
Garantizar fibra, 5G efectivo y redes de calidad en polígonos rurales para actividad empresarial y teletrabajo.
Dar al comité capacidad de configurar, aprobar o vetar IA laboral y dos expertos pagados por la empresa, en IA e impacto ambiental.
Limitar comisiones y vinculaciones bancarias abusivas, garantizar atención presencial y cobertura territorial y responsabilizar a bancos de prevención y reparación de fraude digital.
Sancionar falsas ofertas y abusos comerciales con multas proporcionales a facturación española.
Someter mercados de predicción a regulación del juego y bloquear plataformas sin licencia.
Limitar concentración y control cruzado de medios por audiencias, publicidad e influencia y publicar propiedad y financiación con reparto institucional auditable.
Reforzar prevención de agresiones, odio, acoso y ciberacoso por orientación e identidad o expresión de género.
Crear recursos propios europeos mediante tributación de empresas digitales y criptomonedas.
Crear un fondo soberano europeo de IA mediante un impuesto del 50% en acciones a empresas europeas de IA con facturación sectorial superior a 200 millones anuales.
Exigir participación pública en propiedad y capital de todas las iniciativas que reciban fondos de InvestAI.
Reforzar la protección constitucional de salud y derechos ambientales e incorporar clima y digitalización.
Crear una plataforma electrónica de participación ciudadana.
Evaluar equidad algorítmica de herramientas de estimación de riesgo.
Aprobar justicia digital con plazos y financiación finalista, expedientes interoperables, sedes accesibles, videoconferencia y salas de protección de víctimas.