Desplegar reindustrialización verde y cadenas completas de renovables, almacenamiento, redes, movilidad, rehabilitación, tecnología y medicamentos con compra y financiación públicas.
Dar descuentos renovables a industria electrointensiva y exigir autoconsumo solar en sus cubiertas.
Capitalizar Navantia, ampliar pedidos y empleo y diversificar hacia renovables y construcción naval avanzada con inversiones hasta 2030.
Reforzar Correos, mejorar condiciones laborales y diversificarlo hacia seguros propios, coworking, incubadoras y nube soberana pública.
Crear una empresa pública de materias primas estratégicas con participación mayoritaria en explotaciones y reinversión territorial y restauración.
Aplicar IVA franquiciado a negocios de menos de 85.000 euros anuales con declaración informativa única y simplificar tributación de autónomos y cooperativistas de renta baja.
Ofrecer cuota fija bonificada sin perder protección a autónomos con ingresos reales inferiores al SMI anual por causas objetivas.
Hacer efectivo el IVA de caja e impedir que grandes empresas bloqueen su aplicación a pymes y autónomos.
Reforzar ventanilla única y acompañamiento público para digitalización y simplificación de pequeñas empresas.
Crear un plan de IA para pymes y economía social con computación y datos públicos y código abierto, sin despidos, para alcanzar un 90% con digitalización básica en 2030.
Reformar integralmente la Ley de Segunda Oportunidad para evitar ruina permanente tras fracaso empresarial.
Aplicar sanciones efectivas a morosidad comercial de grandes empresas y administraciones.
Crear crédito ICO de 3.000 millones anuales para empresas de menos de cincuenta empleados al euríbor más un punto y priorizar pymes en fondos públicos y europeos.
Dar alquiler comercial mínimo de cinco años, límites de subidas y renovación con indemnización por expulsión especulativa, e índices para grandes tenedores en zonas turísticas tensionadas.
Facilitar compras eléctricas colectivas de largo plazo, autoconsumo y almacenamiento de pymes.
Financiar renovación y descarbonización de flotas de pymes y autónomos.
Desarrollar reglamentos de economía social, crear su catálogo de entidades y financiar establemente la estrategia estatal.
Aumentar fondos, avales ICO y ayudas a cooperativas, sociedades laborales e inserción y consolidar su fiscalidad específica favorable.
Crear un fondo estatal plurianual de economía social y solidaria para proyectos locales y comunitarios e introducir sus criterios en subvenciones estatales.
Priorizar cooperativas y economía social en ayudas a pymes y explotaciones.
Aportar financiación, asesoramiento y reservas indivisibles para que plantillas adquieran empresas viables y las conviertan en cooperativas o sociedades laborales.
Impulsar el Hub de Economía Social en Donostia y reconocimiento legal y operativo de finanzas éticas.
Aprobar el reglamento de Sociedades de Beneficio e Interés Común para darles seguridad jurídica e impacto social y ambiental.
Indexar contratos públicos de autónomos al SMI y costes salariales y aplicar a autónomos dependientes las condiciones del convenio de la empresa cliente.
Compensar homogéneamente costes de inserción sociolaboral mediante servicios de interés general y evitar restricciones indebidas de ayudas de minimis.
Crear un marco público-comunitario de coproducción y conciertos sociales para que cuidados públicos se presten sin ánimo de lucro.
Defender economía social transversal en presupuesto europeo 2028-2034 y mantener su apoyo del Fondo Social Europeo y otros instrumentos.
Crear reindustrialización verde comarcal acordada con municipios devastados por la DANA.
Separar auditoría financiera, verificación de sostenibilidad y consultoría de empresas y sus redes y reforzar supervisión y sanción del ICAC.
Vincular incentivos directivos a largo plazo, empleo y sostenibilidad, recuperar primas por daños o cuentas falsas y publicar brechas salariales y topes en entidades públicas o rescatadas.
Incorporar trabajadores y usuarios a dirección de empresas públicas con objetivos evaluables, gestión profesional y rendición periódica al Congreso.
Vetar fusiones anticompetitivas, exigir acceso neutral a infraestructuras esenciales y permitir desinversión o separación estructural si otras medidas no bastan.
Reformar sociedades de capital para que administradores y altos directivos respondan por consecuencias económicas de su gestión.
Exigir a empresas con al menos 50 trabajadores durante cinco años una aportación del 0,45% de su masa salarial para financiar alquiler público asequible.
Crear una industria farmacéutica íntegramente pública y ampliar Certera y Terafront para investigación, producción y prevención de desabastecimientos.
Aprobar una nueva Ley del Cine y Cultura Audiovisual que actualice el marco tecnológico y proteja producción independiente frente a grandes plataformas.
Apoyar desarrollo y sostenibilidad de entidades de economía social cultural.
Garantizar participación en beneficios y preferencia de compra a plantillas ante cierre o venta de empresas viables para crear cooperativas con apoyo ICO o ICF.
Condicionar ayudas y contratos públicos a cumplir convenio sectorial y una ratio salarial máxima legal entre retribuciones más alta y baja.
Ampliar cobertura por desempleo y cese de actividad de autónomos para carreras laborales discontinuas.
Permitir delegados sindicales compartidos por grupos de 50 a 100 microempresas de hasta seis empleados del mismo sector y territorio.
Retirar apoyo público a H2Med y reasignar 7.000 millones a redes, almacenamiento y electrificación industrial, con evaluación estratégica de la necesidad de red de hidrógeno.
Dar hasta 8.000 euros y deducciones de hasta 25.000 a autónomos y agricultores que cambien vehículos antiguos por eléctricos.
Electrificar mercancías por carretera con recarga ultrarrápida en rutas y ayudas específicas a transportistas autónomos.
Desarrollar minería urbana para que metales secundarios cubran el 57% de la demanda en 2050.
Crear ayudas a pequeñas empresas de reparación y reutilización de ropa.
Exigir diseño textil circular, duradero y reciclable y requisitos de rendimiento e información, reforzando reutilización y reparación.
Crear un Banco Público de Inversión y reorganizar fondos empresariales e instituciones financieras públicas para transición ecológica y digital.
Crear un fondo público de inversión en innovación y empresas tecnológicas.
Crear redes de transferencia universidad-empresa con asesoramiento, instalaciones compartidas y financiación accesible a pequeñas empresas y territorios rezagados.
Impulsar FP industrial e integrar servicios de empleo en planes regionales y sectoriales de reindustrialización.
Defender inversión industrial verde europea del 4,5% de su PIB, crédito bonificado del BCE y reglas fiscales que revisen superávits e infrainversión ecológica.
Aprobar una ley de transición justa con planes comarcales al menos cinco años antes de posibles cierres, presupuesto, indicadores y evaluación independiente.
Crear un Banco Postal Estatal con activos de Correos y acciones de CaixaBank del FROB para financiar políticas públicas, reindustrialización y pymes.
Constituir banca pública estatal integrando ICO, red de Correos y derechos de voto de la participación pública del 18% en CaixaBank.
Evitar nueva concentración bancaria y proteger entidades orientadas a financiar economía productiva.
Dar al menos un 51% de peso a criterios sociales y ambientales en contratación pública, con comercio justo, pagos por fases y penalización de bajas temerarias.
Elevar reservas de contratos para centros de empleo social e inserción por encima del 15% y fijar objetivos vinculantes de compra de economía social.
Crear un Programa de Rescate Demográfico de cooperativas y economía social, priorizando mujeres y jóvenes y apoyando ateneos y emprendimiento colectivo.
Incentivar industria, logística comarcal y digitalización rural con fiscalidad diferenciada y bonificaciones de cotizaciones en baja densidad para generar empleo estable.
Diversificar economías de Baleares y Canarias hacia innovación para reducir dependencia turística.
Reservar a plantillas un tercio de consejos empresariales de 50 a 1.000 empleados y el 50% por encima de 1.000, también en empresas públicas.
Exigir negociación previa y planes de continuidad, empleo y transición ante cierres, deslocalizaciones, automatización y reestructuraciones, con impugnación judicial por incumplimiento.
Reservar a fideicomisos o cooperativas de plantilla más del 2% del capital en empresas de 25 a 1.000 empleados y más del 10% en las mayores.
Repartir obligatoriamente el 10% de beneficios a plantillas de empresas con cincuenta o más empleados antes de dividendos o recompras, cobrable en dinero o acciones.
Crear fondos colectivos y regionales Meidner bajo control trabajador para adquirir capital y convertir pymes en cooperativas, separados del ahorro de jubilación.
Apoyar plataformas públicas y cooperativas abiertas con negociación equilibrada y remuneración justa para creadores y pymes, sin exclusividades ni comisiones abusivas.
Convertir recintos militares extranjeros en polos tecnológicos, industriales y de emergencias civiles, protegiendo empleo local.
Regular diligencia debida transnacional para identificar riesgos, prevenir y reparar daños empresariales a derechos y sostenibilidad.
Aprobar una Ley de Integridad que obligue a inscribir cambios de propiedad, cadenas societarias y titulares efectivos de sociedades limitadas y anónimas no cotizadas.