Crear un Plan Nacional de Proteínas Vegetales que apoye innovación y consumo local, especialmente de legumbres.
Aprobar un pacto y Ley de Futuro de Agricultura, Ganadería y Alimentación para transición agroecológica participada y apoyo regional.
Garantizar rentas agrarias y precios justos al productor junto con acceso asequible a alimentos saludables.
Ceder suelo rústico de SAREB a explotaciones ecológicas familiares y favorecer circuitos cortos, participación femenina y formación.
Promover etiquetado europeo que favorezca producción extensiva frente a intensiva.
Crear empleo forestal local de vigilancia, conservación y aprovechamiento sostenible en zonas de grandes incendios mediante empleo garantizado.
Eliminar derechos históricos de la PAC y orientar ayudas a servicios y aportaciones públicas frente a grandes propietarios.
Vincular caza y pesca a la mejora de los recursos naturales.
Aumentar compensaciones por fauna silvestre a ganadería extensiva y subvencionar protección del ganado.
Reconocer recursos pesqueros como bien público y modificar políticas europeas que los tratan solo como mercancía.
Apoyar rentabilidad y continuidad de la flota pesquera.
Distribuir cuotas pesqueras con criterios sociales y exigir su utilización para impedir especulación.
Crear ayudas y alternativas para pesca afectada por especies invasoras como el alga Rugulopteryx en el Estrecho y Alborán.
Desarrollar una estrategia de ganadería extensiva y coexistencia con biodiversidad y grandes carnívoros sin reducir su protección.
Alcanzar al menos un 25% de superficie ecológica agroganadera en 2030 y el 100% en 2050.
Aprobar una Ley de Agricultura agroecológica que priorice secano, variedades tradicionales y leguminosas.
Crear un banco público estatal de tierras que regule precios y uso, priorice jóvenes y agricultura familiar y limite superficies por comprador.
Reorientar PAC a explotaciones familiares pequeñas y medianas, excluir fondos de inversión y crear bonos climáticos a pequeños agricultores ante inflación.
Reducir o eximir IVA de alimentos ecológicos y locales y aumentar gravámenes a productos procesados e insanos de grandes corporaciones.
Fijar reducciones vinculantes de plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos, reservar un 10% del campo a biodiversidad y proteger polinizadores.
Reducir fósiles agrarios con maquinaria eficiente, renovables, rotación, fertilización optimizada y aprovechamiento de residuos en vez de quema.
Priorizar alimentos locales y evaluar transgénicos por evidencia científica, sin diferencias injustificadas entre producción e importaciones.
Descarbonizar procesado, envasado y logística y apoyar producciones de menor demanda hídrica, investigación de secano y reorientación del regadío.
Redirigir inversión hacia pesca artesanal de bajo impacto y alto valor social.
Eliminar gradualmente flota pesquera industrial y arrastre, retirar su apoyo público y financiar reconversión, priorizando criterios socioambientales y protección oceánica del 30% en 2030.
Ampliar ayudas a jóvenes y mujeres que se incorporen a pesca de bajo impacto.
Crear reservas marinas con protección efectiva para recuperar biomasa y caladeros adyacentes.
Mantener marisqueo y acuicultura extensiva tradicional y restringir acuicultura industrial intensiva, especialmente de especies piscívoras.
Crear un Programa de Rescate Demográfico de cooperativas y economía social, priorizando mujeres y jóvenes y apoyando ateneos y emprendimiento colectivo.
Incentivar industria, logística comarcal y digitalización rural con fiscalidad diferenciada y bonificaciones de cotizaciones en baja densidad para generar empleo estable.
Financiar y desplegar la segunda Estrategia de Reto Demográfico y su plan de acción, priorizando territorios vulnerables.
Garantizar por ley servicios públicos básicos a menos de treinta minutos en todo el medio rural.
Defender fondos europeos directos y específicos contra despoblación.
Exigir evaluación de impacto rural de las políticas públicas mediante garantía rural.
Crear vivienda rural solo permanente, rehabilitación y ayudas al alquiler, cooperativas y oficinas comarcales, empezando con un piloto aragonés de 75 millones.
Mantener paradas rurales de autobús y financiar transporte autonómico de territorios despoblados según superficie afectada.
Garantizar fibra, 5G efectivo y redes de calidad en polígonos rurales para actividad empresarial y teletrabajo.
Incluir baja densidad en todas las estrategias sanitarias y crear financiación interterritorial de proyectos innovadores rurales.
Extender escuelas rurales e inclusión educativa junto a las comunidades autónomas.
Aprobar un Estatuto Básico de Municipios de Menor Población acordado con FEMP y comunidades.
Movilizar parcelas públicas abandonadas con bancos de tierras y apoyo técnico y económico a nuevos agricultores.
Proteger legalmente la covivienda rural cooperativa y permitir varias unidades de convivencia en edificios rehabilitados sin considerarlas parcelaciones.
Ampliar especialidades en hospitales rurales y permitir consultas especializadas fuera del hospital para acercarlas a la comunidad.
Financiar construcción, reforma y climatización de aulas y potenciar escuela pública rural.
Apoyar proyectos culturales con impacto social y tejido local rural, con participación ciudadana.
Exigir biblioteca pública en municipios de más de 2.000 habitantes, rebajando el umbral de 5.000.
Fijar máximos de precios en alimentos básicos de una cesta saludable ante emergencias o abusos acreditados.
Publicar costes y márgenes de distribución y crear un Fondo de Estabilización de Alimentos Básicos ante variaciones de cosechas.
Reservar operaciones en futuros alimentarios a productores directos acreditados.
Ofrecer al menos el 20% del capital o rentas de renovables de más de 5 MW a vecinos, municipios y comunidades energéticas, con aportaciones locales por energía generada.
Endurecer límites de emisiones, nitratos y tratamiento de purines para frenar biogás dependiente de macrogranjas.
Financiar electrificación de pequeños barcos pesqueros en puertos de localidades pequeñas.
Dar hasta 8.000 euros y deducciones de hasta 25.000 a autónomos y agricultores que cambien vehículos antiguos por eléctricos.
Financiar autobús y taxi compartido rural a demanda, priorizando mayores y movilidad reducida.
Financiar redes ciclistas y bicicletas de carga para conectar pueblos y estaciones y hacer gratuito el alquiler público de bicicletas en islas, Ceuta y Melilla.
Coordinar política forestal con agricultura, biodiversidad, clima, despoblación y compra pública de productos forestales.
Favorecer bosques productivos nativos y diversos, cubierta continua en montes públicos, superficies de evolución libre y protección de bosques maduros.
Actuar contra desperdicio alimentario en producción, distribución, restauración y hogares.
Gravar consumos excesivos agrarios industriales y suntuarios con un canon hídrico progresivo para financiar adaptación y transformación sostenible.
Priorizar abastecimiento y caudales ecológicos, frenar demandas de regadío y promociones despilfarradoras y crear un Plan Nacional de Ahorro Hídrico.
Revisar planes de sequía y concesiones, limitar demandas en cuencas tensionadas y estudiar moratorias a proyectos intensivos apoyando secano y regadíos tradicionales.
Restituir protección estricta del lobo en todo el territorio con prevención y compensaciones ágiles a ganaderos y sin control letal de población.
Impulsar el fin europeo de nuevas jaulas ganaderas y de ampliaciones de las existentes.
Prohibir eliminar pollitos macho e implantar sexado en el huevo.
Hacer cumplir la prohibición europea del corte rutinario de rabos de cerdos.
Exigir aturdimiento previo de peces y otros animales de piscifactoría.
Integrar progresivamente banca privada sistémica y cooperativas de crédito como filiales públicas preservando su modelo y extender servicios mediante la red de Correos.
Priorizar cooperativas y economía social en ayudas a pymes y explotaciones.
Garantizar acceso e información de PrEP y PEP en un máximo de tres meses, especialmente en medio rural y población vulnerable al VIH.
Excluir al Sáhara de acuerdos UE-Marruecos sin consentimiento saharaui, diferenciarlo en aduanas y limitar acuerdos pesqueros a aguas marroquíes.
Celebrar cumbre anual UE-CELAC y fiscalizar compromisos laborales, ambientales y de derechos del acuerdo Mercosur, activando salvaguardas por competencia agraria desleal.