Ajustar multas a ingresos y edad, priorizar restauración y conciliación y permitir sustituir sanciones juveniles por trabajo comunitario.
Derogar delitos de ofensa a sentimientos religiosos, Corona, símbolos, instituciones y cuerpos estatales y enaltecimiento del terrorismo.
Regular objeción de conciencia con procedimiento sencillo, protección frente a represalias y garantía de que no impida ejercer derechos ciudadanos.
Revisar acuerdos con Santa Sede y otras confesiones y reformar artículos 16 y 27 de la Constitución.
Exigir autofinanciación religiosa y suprimir exenciones y beneficios fiscales de confesiones.
Eliminar financiación pública confesional con control y transparencia parlamentarios.
Aprobar una Ley de Libertad de Conciencia para convicciones religiosas y no religiosas y derogar la de Libertad Religiosa.
Reconocer a sindicatos de inquilinos capacidad de negociar convenios colectivos de alquiler territoriales o de grandes tenedores.
Reconocer constitucionalmente la vivienda como derecho fundamental recurrible en amparo; mientras tanto, crear un derecho subjetivo exigible, priorizando colectivos vulnerables.
Blindar en la Constitución la función social de la propiedad, la protección ante desahucios sin alternativa y la imposibilidad de privatizar vivienda pública o protegida.
Permitir designar voluntariamente personas de referencia sin parentesco ni convivencia para permisos, cuidados y acompañamiento, sin imponer obligaciones automáticas.
Aplicar plenamente la reforma de discapacidad de 2026 para garantizar accesibilidad, vida independiente y autonomía personal.
Desplegar un modelo comunitario de salud mental y la estrategia Cero Contenciones.
Reconocer expresamente en el artículo 43 constitucional el derecho al aborto y la obligación pública de garantizar sus prestaciones en igualdad.
Aprobar una ley que garantice participación estructurada de organizaciones de pacientes en decisiones del SNS.
Ejecutar la fase 2027-2030 del Plan de Derechos Culturales.
Ampliar participación de comunidades étnico-raciales infrarrepresentadas en creación, instituciones y decisiones culturales.
Apoyar patrimonio y creación cultural gitana y revitalizar la lengua romaní con presencia institucional.
Eliminar normas que penalicen a quienes ejercen prostitución y garantizar derechos sanitarios, laborales, de Seguridad Social y organización.
Aprobar una Ley Estatal de Juventud sobre derechos socioeconómicos, participación, salud mental y justicia intergeneracional y ecosocial.
Prohibir datos biométricos y geolocalización permanente en el registro horario.
Prohibir precios personalizados basados en datos de clientes y permitir solo descuentos universales y tarifas sociales.
Blindar constitucionalmente pensiones públicas con actualización automática por IPC, mínimo equivalente al SMI y prohibición de privatizar su gestión.
Garantizar titularidad pública de líneas de más de 380 kV, crear mediación energética y permitir autoconsumo compartido municipal y limítrofe en un radio mínimo de veinte kilómetros.
Prohibir gas de fracking o de territorios sancionados por vulneraciones de derechos humanos.
Impedir importaciones vinculadas a deforestación o abusos laborales y sin diligencia debida verificable, con inspección y compra pública ética.
Reconocer legalmente agua y saneamiento como derechos, garantizar mínimo gratuito a hogares vulnerables y extender fuentes y aseos públicos.
Promover ciencia abierta y ciudadana y crear un Consejo Ciudadano de Ciencia adscrito al Congreso.
Revisar exenciones de inmuebles religiosos y exigir tributación ordinaria en usos económicos o ajenos a culto, asistencia social, comunidad no lucrativa y patrimonio.
Crear transparencia pública e independiente de algoritmos de visibilidad y permitir recomendaciones sin desplazamiento infinito.
Permitir elegir sistemas alternativos de recomendación, búsqueda y moderación y configurar orden de contenidos.
Garantizar traslado seguro de publicaciones, contactos y seguidores entre plataformas y limitar compras de competidores y concentración dominante.
Proteger seudónimos y acreditación de edad sin identidad civil, cuya revelación requerirá orden judicial penal explícita.
Exigir auditoría independiente de IA en contratos públicos y decisiones esenciales, permitir rescisión por riesgos y garantizar información, reclamación y revisión humana.
Considerar intromisión ilegítima imágenes y voces sintéticas no consentidas salvo sátira y crítica, exigir seguridad de IA generativa y prevenir usos humillantes.
Exigir rectificaciones a grandes creadores de contenido ante intromisiones en honor, intimidad o dignidad.
Aplicar la Ley Trans, reconocer identidades no binarias y proteger frente a violencia intragénero.
Garantizar protección estatal trans y LGTBIQA+ contra discriminación en empleo, educación, salud, vivienda, deporte, cultura y servicios públicos.
Impedir intervenciones intersexuales irreversibles no urgentes sin consentimiento libre de la persona afectada.
Aprobar una Ley Integral contra el Racismo y un pacto social y político contra odio a migrantes y refugiados.
Derogar rechazo en frontera y crear un mecanismo independiente de derechos humanos en la Frontera Sur.
Cerrar CIE y limitar detención de asilo fronterizo a último recurso excepcional, con alternativas y sin prolongación de plazos.
Impedir devoluciones ilegales presentadas como retornos voluntarios y exigir información jurídica completa en idioma comprensible.
Defender autodeterminación y soberanía de los pueblos y rechazar bloqueos y medidas coercitivas unilaterales.
Aprobar una Ley de No Reconocimiento que prohíba colaboración, relaciones y financiación pública con actores de ocupaciones ilegales, genocidio o apartheid.
Regular diligencia debida transnacional para identificar riesgos, prevenir y reparar daños empresariales a derechos y sostenibilidad.
Aprobar una ley de plurilingüismo que garantice relación con instituciones estatales en lenguas cooficiales y estatutarias.
Reformar el artículo 135 y evitar sendas fiscales que amenacen estabilidad social o se apliquen con paro o pobreza superiores al promedio de los cinco países europeos con menores tasas.
Reducir firmas de iniciativas populares de 500.000 a 250.000 y permitir retirarlas si se desvirtúan o solicitar consulta popular.
Crear órganos infantiles permanentes en todas las administraciones con recursos y normativa vinculante y aprobar un decreto de asociacionismo infantil.
Coordinar prevención de seguridad entre agencias y administraciones con justicia restaurativa.
Regular legal y reglamentariamente fuerza, armas policiales y vigilancia, priorizando mecanismos menos lesivos y estándares europeos de derechos.
Abandonar la sujeción especial como límite a derechos penitenciarios y restringir limitaciones a las constitucionalmente previstas.
Exigir formación policial intensiva en derechos humanos, diversidad, antirracismo, prevención de revictimización y mediación comunitaria.
Prohibir pelotas de goma y materiales antidisturbios muy lesivos, regular cámaras, exigir identificación visible y prohibir controles por perfil racial.
Definir legalmente medios de comunicación y garantizar información plural, veraz y de calidad.
Eliminar conciertos y subvenciones a escuelas segregadoras por sexo o motivos religiosos.
Reconocer los derechos a eutanasia y suicidio asistido.