Recuperar permanentemente el gravamen del 1,2% de la facturación de grandes energéticas con deducciones a activos renovables.
Subir del 0,03% al 1% el tramo estatal del impuesto a depósitos bancarios para recuperar costes del rescate.
Mantener de forma estructural el gravamen específico a entidades bancarias.
Reducir la bonificación del 95% de SOCIMI en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Limitar la concentración accionarial de SICAV y a cuatro años el mantenimiento de plusvalías acumuladas.
Elevar al 15% el impuesto sobre servicios digitales de grandes multinacionales tecnológicas.
Eliminar la bonificación del 40% en sociedades a rentas del alquiler salvo vivienda asequible.
Gravar al 10% las cantidades brutas apostadas y desincentivar bonos gratuitos de fidelización del juego.
Reformar solidaridad de grandes fortunas desde un millón de patrimonio neto, preservando 700.000 euros exentos, con mínimo del 2% y tipos adicionales de dos o tres puntos.
Crear una tasa Zucman del 3% anual para patrimonios superiores a 50 millones, sin exenciones empresariales, que financie crianza y persista cinco años tras traslado al extranjero.
Crear un impuesto estatal complementario sobre herencias y donaciones netas superiores a un millón por beneficiario, con marginal del 34% y deducción de lo pagado autonómicamente.
Aplicar un marginal del 100% a herencias sobre diez millones por heredero, computando donaciones y sin bonificaciones autonómicas, con exención de una vivienda; destinar recursos a vivienda social.
Crear un impuesto estatal progresivo según valor catastral sobre inmuebles de más de un millón de euros.
Acercar la tributación de rentas del capital a la de las rentas del trabajo.
Reducir IRPF de salarios hasta 27.000 euros de forma decreciente y eximir al SMI mediante mayor reducción por trabajo.
Ampliar tramos de IRPF desde 120.000 euros y elevar marginales hasta el 52% desde 300.000.
Eliminar el régimen especial de trabajadores desplazados y las deducciones por planes individuales privados de pensiones.
Reservar incentivos de IRPF al alquiler indefinido y al menos un 5% inferior al índice estatal, exigiendo ambas condiciones.
Reducir IVA de peluquerías y veterinarios al reducido, pañales al superreducido y productos sin gluten al 0%.
Aplicar IVA eléctrico progresivo por consumo individual, del 0% en consumos mínimos, vulnerabilidad y autoconsumo al 21% en tramos altos, y reducir el impuesto eléctrico vital.
Suprimir exenciones de IVA de enseñanza privada y del impuesto de primas en seguros sanitarios privados.
Crear un gravamen ambiental sobre aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios.
Ampliar el impuesto a transacciones financieras con tipos del 0,1% en renta fija privada, 0,2% en acciones y 0,3% en derivados.
Crear un impuesto a actividades mineras extractivas por sus impactos ambientales.
Gravar el queroseno de vuelos nacionales.
Equiparar tributación del diésel a otros combustibles fósiles en hidrocarburos.
Profundizar fiscalidad de carbono e hidrocarburos con compensaciones y exenciones para rentas bajas y colectivos vulnerables.
Reducir al 0% el impuesto de producción eléctrica renovable y compensar a territorios afectados por grandes parques eólicos y solares.
Gravar plusvalías de instalaciones renovables vendidas antes de un año y operaciones especulativas con permisos y autorizaciones.
Ampliar y prorrogar tres años deducciones de IRPF por rehabilitación energética y autoconsumo en vivienda habitual.
Acercar la tributación del tabaco y sus nuevas formas de consumo a la media europea.
Vincular el impuesto municipal de vehículos a emisiones y distintivo ambiental y permitir coeficiente de hasta 2,5 sin etiqueta o sobre 120 gramos de CO₂ por kilómetro.
Duplicar la plantilla de la Agencia Tributaria en cuatro años y ampliar inmediatamente responsabilidades de 8.000 técnicos de Hacienda.
Priorizar fraude de grandes empresas y patrimonios y crear ANIFI integrando Sepblac e inteligencia, supervisión y sanción financieras dispersas.
Cruzar permanentemente datos del registro de alquileres y Hacienda para detectar rentas ocultas, fraude temporal y deducciones indebidas.
Crear una herramienta que explique a cada contribuyente el destino de sus impuestos.
Mejorar el desglose de los presupuestos estatales y de su Informe Económico y Financiero.
Publicar estadísticas más detalladas, especialmente de patrimonio y sucesiones autonómicos.
Evaluar y suprimir beneficios fiscales injustificados o regresivos y publicar su coste y reparto por renta, patrimonio y tamaño empresarial.
Gravar márgenes excesivos de grandes productores y distribuidores alimentarios respecto a niveles prepandemia, reduciendo el impuesto si bajan precios.
Exigir remuneración mínima de depósitos a la vista de hogares vinculada al tipo de intervención del BCE.
Crear un Banco Público de Inversión y reorganizar fondos empresariales e instituciones financieras públicas para transición ecológica y digital.
Crear un Banco Postal Estatal con activos de Correos y acciones de CaixaBank del FROB para financiar políticas públicas, reindustrialización y pymes.
Constituir banca pública estatal integrando ICO, red de Correos y derechos de voto de la participación pública del 18% en CaixaBank.
Integrar progresivamente banca privada sistémica y cooperativas de crédito como filiales públicas preservando su modelo y extender servicios mediante la red de Correos.
Ampliar funciones de dinero electrónico de Correos y ofrecer cuentas y pagos instantáneos gratuitos y menores costes para autónomos y pequeños comercios.
Evitar nueva concentración bancaria y proteger entidades orientadas a financiar economía productiva.
Revisar exenciones de inmuebles religiosos y exigir tributación ordinaria en usos económicos o ajenos a culto, asistencia social, comunidad no lucrativa y patrimonio.
Aumentar colchones de capital bancario y limitar dividendos y recompras que perjudiquen solvencia o crédito, favoreciendo banca pública y cooperativa.
Limitar comisiones y vinculaciones bancarias abusivas, garantizar atención presencial y cobertura territorial y responsabilizar a bancos de prevención y reparación de fraude digital.
Crear una Autoridad Independiente del Cliente Financiero que reúna supervisión de conducta, inspección y sanción y resuelva gratuitamente reclamaciones vinculantes, financiada por entidades.
Separar supervisión prudencial y protección bancaria del cliente, publicar decisiones al cesar confidencialidad y reforzar control parlamentario y evaluación externa del Banco de España.
Limitar estudios del Banco de España a funciones monetarias, generalizar concurso-oposición y topes directivos e impedir puertas giratorias.
Obligar a CNMV a verificar veracidad y coherencia de folletos y reforzar personal especializado y tecnología antifraude.
Reformar el artículo 135 y evitar sendas fiscales que amenacen estabilidad social o se apliquen con paro o pobreza superiores al promedio de los cinco países europeos con menores tasas.
Destinar de forma permanente el 1% del PIB anual, unos 17.000 millones de euros, al parque público de vivienda.
Aplicar IVA del 21% a pisos turísticos, eliminar deducciones fiscales, elevar al 20% la imputación por periodos vacíos y permitir recargos de IBI de hasta el 150%.
Crear una deducción reembolsable de hasta 300 euros al mes para hogares con menos de tres IPREM cuya hipoteca supere el 40% de sus ingresos netos.
Obligar a todas las entidades bancarias a ofrecer una hipoteca pública a tipo fijo.
Eliminar los regímenes especiales de SOCIMI y entidades de alquiler y aplicarles sociedades general con mínimo real del 20%, suprimiendo bonificaciones de IVA.
Hacer progresivo el IBI para gravar más a grandes propiedades, personas jurídicas y viviendas injustificadamente vacías.
Gravar un 10% el valor de viviendas empresariales desde la primera y de particulares desde la cuarta si superan 800.000 euros, con exenciones por alquiler asequible y otros supuestos.
Aplicar IVA del 4% a construcción y rehabilitación de vivienda social en alquiler y cesión de uso.
Aplicar sociedades del 0% a cooperativas de cesión de uso sin ánimo de lucro y tercer sector hasta regular proveedores sociales de vivienda.
Reconocer como especialmente protegidas las cooperativas de cesión de uso autonómicas y limitar al 30% las aportaciones obligatorias de socios usuarios.
Duplicar la tributación de compras de vivienda ajenas al uso habitual, incluidas las de personas físicas no residentes y extracomunitarias.
Eximir de ITP la primera vivienda habitual con límites de renta y precio y aplicar recargos del 200% en la segunda y del 1.000% desde la tercera.
Crear una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por menor de 18 años, automática, inembargable y abonada como deducción reembolsable desde el nacimiento.
Crear impuestos a bebidas energéticas y azucaradas, tabaco y ultraprocesados y destinar su recaudación a salud.
Destinar por ley al menos el 5% del presupuesto estatal no financiero a igualdad entre mujeres y hombres.
Destinar el gravamen energético a una ayuda automática de 1.000 euros por hogar vulnerable durante dos años y prohibir trasladar el impuesto a clientes.
Elevar contribución de salarios altos mediante destope progresivo de bases y cotización de solidaridad.
Gravar al 30% el exceso de beneficio sobre la media de tres años de empresas con más de 50 millones de facturación si sus salarios no siguen inflación o AENC.
Reservar operaciones en futuros alimentarios a productores directos acreditados.
Usar indicadores sociales y ambientales además del PIB e integrar presupuestos quinquenales vinculantes de carbono e informes climáticos ministeriales en los presupuestos estatales.
Financiar peajes de las horas solares gratuitas con el gravamen a grandes energéticas.
Eliminar subvenciones fósiles e inversión estatal en su cadena productiva y dirigir ayudas de crisis según renta.
Subir un 20% financiación metropolitana y crear un fondo de transporte público de al menos el 0,25% del PIB y compensación de inversiones radiales.
Eliminar privilegios fiscales aéreos, gravar progresivamente viajeros frecuentes y transportes de lujo y frenar ampliaciones aeroportuarias incompatibles con metas climáticas.
Gravar consumos excesivos agrarios industriales y suntuarios con un canon hídrico progresivo para financiar adaptación y transformación sostenible.
Eliminar subvenciones directas e indirectas a tauromaquia, retransmisiones, cesiones, fondos PAC e incentivos fiscales a festejos y ganado de lidia.
Reducir al 10% el IVA de productos veterinarios y defender el tipo reducido europeo para servicios veterinarios de compañía.
Crear tasa nube con retorno municipal y comarcal y exigir empleo y formación regionales, priorizando conexiones de viviendas, industrias y comunidades energéticas.
Defender inversión industrial verde europea del 4,5% de su PIB, crédito bonificado del BCE y reglas fiscales que revisen superávits e infrainversión ecológica.
Reducir o eximir IVA de alimentos ecológicos y locales y aumentar gravámenes a productos procesados e insanos de grandes corporaciones.
Aplicar IVA franquiciado a negocios de menos de 85.000 euros anuales con declaración informativa única y simplificar tributación de autónomos y cooperativistas de renta baja.
Hacer efectivo el IVA de caja e impedir que grandes empresas bloqueen su aplicación a pymes y autónomos.
Crear crédito ICO de 3.000 millones anuales para empresas de menos de cincuenta empleados al euríbor más un punto y priorizar pymes en fondos públicos y europeos.
Aumentar fondos, avales ICO y ayudas a cooperativas, sociedades laborales e inserción y consolidar su fiscalidad específica favorable.
Impulsar el Hub de Economía Social en Donostia y reconocimiento legal y operativo de finanzas éticas.
Mantener indefinidamente el régimen especial balear y ayudas de transporte de Baleares y Canarias y compensar fiscalmente la insularidad.
Reformar financiación autonómica con suficiencia, mayor capacidad tributaria y de gestión, solidaridad transparente y adaptación al autogobierno, sin perjuicio a ninguna comunidad.
Añadir anualmente al menos un 2,3% del PIB, unos 38.000 millones de euros, a financiación autonómica.
Calcular población ajustada por pobreza, edades, dependencia y costes fijos y tomar la población máxima de tres años para territorios que pierden habitantes.
Excluir nuevos recursos permanentes autonómicos de la regla de gasto y actualizar entregas a cuenta anualmente aunque no haya nuevos presupuestos.
Crear un fondo de convergencia para financiación autonómica inferior a la media, destinado a infraestructuras y productividad y atento a despoblación, turismo e insularidad.
Obligar a comunidades a financiar las competencias ejercidas en su nombre por entidades locales.
Condonar deuda autonómica a cambio de evitar rebajas a rentas altas y permitir destinar el 20% de lo condonado a ampliar alquiler público.
Reestructurar deuda autonómica restante, calcular en seis meses déficits de financiación desde 2001 y acordar compensaciones por convenio en los seis meses siguientes.
Condicionar recursos autonómicos adicionales a servicios esenciales y combatir competencia fiscal regresiva.
Computar patrimonio sin bonificaciones autonómicas y sucesiones por valor normativo, fijar tributación mínima común y limitar deducciones regionales de IRPF a rentas altas.
Agilizar y eximir de tributación ayudas DANA a familias y negocios e incluir 28 municipios valencianos y treinta aragoneses adicionales.
Impulsar descentralización municipal con mayor capacidad fiscal y permitir a ayuntamientos saneados invertir superávits.
Elevar participación municipal en tributos estatales al 2,5% del PIB con primera subida del 0,4%, unos 6.000 millones, y garantía de no perder financiación.
Condicionar financiación local adicional a mejores servicios, excluyendo rebajas fiscales regresivas.
Extender participación en IRPF a todos los municipios combinando territorialización y nivelación por necesidades sociales y población estacional.
Garantizar participación estable municipal en ingresos autonómicos.
Crear un Índice de Estabilidad Local que evite devolver financiación ya gastada por errores de previsión estatal.
Crear un fondo de convergencia para limitar en cuatro años al 50% la diferencia de financiación por habitante entre municipios grandes y pequeños.
Integrar subvenciones condicionadas en participación estatal sin condiciones para reforzar autonomía local.
Condonar o reestructurar deuda municipal por criterios objetivos de riesgo financiero, sin recortes, con mayores plazos y quitas cuando procedan.
Condonar liquidaciones negativas de 2008 y 2009 a municipios con deuda superior al 300% de ingresos.
Aplicar una quita proporcional a municipios cuando se condone deuda de su comunidad autónoma.
Eximir permanentemente de planes económico-financieros por uso de remanentes a municipios sostenibles, reservándolos a déficit estructural, deuda excesiva o iliquidez persistente.
Revisar reglas fiscales para invertir remanentes municipales y realizar proyectos plurianuales de vivienda, cuidados, movilidad y adaptación.
Permitir de forma permanente inversiones sostenibles plurianuales y ampliarlas a servicios sociales, vivienda, energía, agua, educación, biodiversidad y despoblación.
Excluir de la regla de gasto emergencias, sentencias, fondos finalistas, gastos con ingresos equivalentes, transferencias duplicadas y competencias impuestas sin financiación.
Reconocer como ingresos permanentes cambios legales, bases fiscales actualizadas y nuevas unidades catastrales una vez materializados.
Permitir aumentar gasto local con mayores ingresos permanentes, nuevas competencias financiadas o cambios estructurales de costes.
Excluir de la regla de gasto la financiación municipal con nuevos recursos permanentes de participación en tributos estatales.
Recargar IBI de viviendas vacías un 50%, hasta el 100% para titulares de cuatro o más y hasta el 150% tras más de tres años vacías.
Recargar IBI turístico un 50%, hasta el 100% con dos o más inmuebles y hasta el 150% desde cuatro inmuebles turísticos.
Fijar coeficientes fiscales que penalicen acumulación de viviendas de grandes tenedores.
Elevar mediante coeficientes tributación de viviendas de empresas para favorecer su devolución al uso residencial.
Vincular IBI a eficiencia energética, rehabilitación, autoconsumo, comunidades energéticas y adaptación climática.
Prohibir repercutir IBI y tributos de propiedad al inquilino incluso por pacto contractual.
Equiparar bonificaciones de IBI de familias monoparentales y numerosas y modularlas por renta, vivienda, cargas y vulnerabilidad.
Hacer progresiva la plusvalía municipal con hasta el 35% a ventas de grandes tenedores que hayan poseído el inmueble menos de dos años.
Crear tasa turística municipal sobre hoteles y viviendas turísticas para servicios afectados, con posibles exenciones juveniles y tipos progresivos por establecimiento.
Rechazar dedicar el 5% del PIB a gasto militar OTAN y reducir partidas militares para servicios y protección civil con control parlamentario.
Impulsar una agencia fiscal internacional y un impuesto global a grandes riquezas.
Orientar cooperación financiera de FEDES a prioridades de desarrollo y derechos con transparencia y complementariedad.
Superar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y descartar recortes como ajuste macroeconómico.
Fijar presupuesto europeo 2028-2034 de al menos el 1,27% de la renta nacional bruta de la UE, protegiendo cohesión y Fondo Social Europeo.
Adoptar medidas europeas contra paraísos fiscales dentro de la Unión.
Ampliar mandato del BCE para equilibrar estabilidad de precios, pleno empleo, cohesión social y transición ecológica.
Limitar remuneración de reservas bancarias excedentes del BCE a la necesaria para transmitir política monetaria.
Permitir al BCE financiar directamente a Estados miembros.
Financiar directamente desde BCE vivienda pública limitada al 25% de ingresos, empleo, lucha contra pobreza, descarbonización y suministros sanitarios estratégicos.
Crear recursos propios europeos mediante tributación de empresas digitales y criptomonedas.
Crear un fondo soberano europeo de IA mediante un impuesto del 50% en acciones a empresas europeas de IA con facturación sectorial superior a 200 millones anuales.
Auditar deuda y políticas públicas e identificar personas y empresas beneficiadas por gasto público.
Exigir autofinanciación religiosa y suprimir exenciones y beneficios fiscales de confesiones.
Eliminar financiación pública confesional con control y transparencia parlamentarios.