Garantizar titularidad pública de líneas de más de 380 kV, crear mediación energética y permitir autoconsumo compartido municipal y limítrofe en un radio mínimo de veinte kilómetros.
Ofrecer al menos el 20% del capital o rentas de renovables de más de 5 MW a vecinos, municipios y comunidades energéticas, con aportaciones locales por energía generada.
Ampliar ayudas a comunidades energéticas, autoconsumo colectivo y baterías.
Crear un fondo generacional con participación pública del 30% en nuevas renovables y almacenamiento pequeños y medianos; reinvertir la mitad y dedicar el resto a vivienda y pensiones.
Exigir autoconsumo solar compartido en todas las cubiertas vecinales útiles antes de 2030, con anticipo estatal reembolsable sin intereses mediante ahorro eléctrico.
Sustituir bonos por tarifa social energética automática con mínimos de electricidad, calefacción y refrigeración y protección permanente contra cortes por impago vulnerable.
Auditar capacidad de distribución y denegaciones, permitir accesos flexibles y liberar reservas de proyectos incumplidores con información pública actualizada.
Establecer titularidad pública de redes eléctricas y de gas, incluidas ampliaciones, y permitir su asunción autonómica y local y gestión por comunidades energéticas.
Gestionar públicamente los saltos hidroeléctricos cuando expiren concesiones.
Crear una comercializadora pública que gestione PVPC y bono social y ofrezca mínimo vital y contratos estables de largo plazo.
Recuperar el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico revisando exenciones, calendario y reparto de costes e ingresos.
Restablecer una Comisión Nacional de Energía independiente con nombramientos parlamentarios, sanciones y participación de consumidores, sindicatos y entidades ambientales.
Subvencionar del 85% al 95% de climatización de 1,7 millones de hogares con bono térmico y aumentar en 144 kWh el consumo bonificado de junio a agosto.
Incrementar control público del sistema energético mediante mayor participación estatal en Redeia y Enagás y aportación de activos.
Endurecer límites de emisiones, nitratos y tratamiento de purines para frenar biogás dependiente de macrogranjas.
Reservar hidrógeno, biomasa, biogás y biocombustibles residuales de alto impacto a sectores estratégicos difíciles de electrificar o con residuos disponibles.
Retirar apoyo público a H2Med y reasignar 7.000 millones a redes, almacenamiento y electrificación industrial, con evaluación estratégica de la necesidad de red de hidrógeno.
Garantizar tres horas diarias de electricidad gratuita en la franja solar para todos los hogares, obligando a grandes comercializadoras y vigilando compensaciones de precios.
Financiar peajes de las horas solares gratuitas con el gravamen a grandes energéticas.
Cumplir cierres nucleares, incluido Almaraz en 2027-2028, sin beneficios fiscales, con costes de residuos y desmantelamiento empresariales y transición laboral y territorial.
Eliminar subvenciones fósiles e inversión estatal en su cadena productiva y dirigir ayudas de crisis según renta.
Retirar ciclos combinados hasta 2045 y desmantelar ordenadamente la red de gas sin nuevas infraestructuras, con gestor técnico público.
Prohibir gas de fracking o de territorios sancionados por vulneraciones de derechos humanos.
Financiar electrificación de pequeños barcos pesqueros en puertos de localidades pequeñas.
Ayudar a comprar e instalar refrigeración a mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y otros colectivos vulnerables según región climática.
Rehabilitar 2,5 millones de viviendas vulnerables en diez años, subvencionando entre el 80% y el 95% de las obras y empleando personal del Plan de Empleo Garantizado.
Crear oficinas de proximidad y un Monedero de Rehabilitación que reúna financiación pública y privada adaptada progresivamente a cada hogar.
Exigir estándares energéticos mínimos en compraventa y alquiler o un plan obligatorio de mejora mediante reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Exigir edificios nuevos de consumo casi nulo o descarbonizados y excluir calderas fósiles, redes y acometidas de gas de nuevos desarrollos desde 2027.
Prohibir por ley cortes de luz, agua y gas a hogares vulnerables.
Conceder de oficio los bonos sociales eléctrico y térmico según renta y garantizar un consumo mínimo vital.
Mejorar eficiencia energética de edificios de Cultura y financiar su incorporación a la red de refugios climáticos.
Recuperar permanentemente el gravamen del 1,2% de la facturación de grandes energéticas con deducciones a activos renovables.
Destinar el gravamen energético a una ayuda automática de 1.000 euros por hogar vulnerable durante dos años y prohibir trasladar el impuesto a clientes.
Aplicar IVA eléctrico progresivo por consumo individual, del 0% en consumos mínimos, vulnerabilidad y autoconsumo al 21% en tramos altos, y reducir el impuesto eléctrico vital.
Equiparar tributación del diésel a otros combustibles fósiles en hidrocarburos.
Reducir al 0% el impuesto de producción eléctrica renovable y compensar a territorios afectados por grandes parques eólicos y solares.
Gravar plusvalías de instalaciones renovables vendidas antes de un año y operaciones especulativas con permisos y autorizaciones.
Ampliar y prorrogar tres años deducciones de IRPF por rehabilitación energética y autoconsumo en vivienda habitual.
Destinar por ley el 3,5% del PIB anual a transición justa, descarbonización industrial, adaptación e infraestructuras verdes.
Revisar al alza Ley de Cambio Climático y PNIEC con planificación conjunta de redes, generación, almacenamiento y retirada de fósiles e hitos anuales sectoriales.
Reconocer energía, agua y aire limpio como bienes comunes básicos, con acceso universal y prohibición de privatizar su gestión esencial.
Electrificar toda la red ferroviaria estatal antes de 2030 y eliminar locomotoras diésel.
Ampliar y unificar recarga eléctrica e impulsar producción de vehículos eléctricos.
Desplegar recarga local en aparcamientos, logística y farolas públicas, priorizando barrios sin garajes y pueblos.
Crear financiación estatal estable para electrificar flotas públicas y su recarga, condicionada a sustitución de vehículos contaminantes.
Investigar combustibles de aviación biológicos y sintéticos y electrificación, sin competir con alimentos ni depender de residuos limitados.
Instalar conexión eléctrica en todos los muelles de cruceros y ferris para apagar motores en atraque y limitar cruceros turísticos.
Exigir eficiencia, renovables al 100%, autoconsumo y recarga a grandes alojamientos turísticos y retirar nuevas calderas fósiles desde 2027.
Condicionar centros de datos a nueva generación renovable, agua regenerada o desalada y prioridad del abastecimiento, y exigir reaprovechar un 20% del calor en 2028.
Crear tarifa específica de centros de datos que cubra red y generación con contratos largos y penalización de cancelaciones anticipadas.
Obligar a grandes instalaciones a publicar consumo eléctrico e hídrico, origen energético y aprovechamiento de calor y extenderlo a la UE.
Desplegar reindustrialización verde y cadenas completas de renovables, almacenamiento, redes, movilidad, rehabilitación, tecnología y medicamentos con compra y financiación públicas.
Dar descuentos renovables a industria electrointensiva y exigir autoconsumo solar en sus cubiertas.
Reducir fósiles agrarios con maquinaria eficiente, renovables, rotación, fertilización optimizada y aprovechamiento de residuos en vez de quema.
Descarbonizar procesado, envasado y logística y apoyar producciones de menor demanda hídrica, investigación de secano y reorientación del regadío.
Facilitar compras eléctricas colectivas de largo plazo, autoconsumo y almacenamiento de pymes.