Expropiar suelo residencial urbanizable inactivo durante dos años o devolverlo a la categoría de no urbanizable.
Financiar cooperativas de cesión de uso con una línea ICO, el Fondo de Vivienda de Impacto Social y avales de CERSA y sociedades de garantía.
Ceder suelo y edificios estatales a cooperativas sin ánimo de lucro mediante derechos de superficie de larga duración.
Reconocer por ley a proveedores sociales de vivienda sin ánimo de lucro y regular su colaboración con las administraciones.
Crear ayudas a cooperativas de cesión de uso para hogares con menos recursos, reducir aportaciones iniciales y garantizar acceso a ayudas al alquiler.
Proteger legalmente la covivienda rural cooperativa y permitir varias unidades de convivencia en edificios rehabilitados sin considerarlas parcelaciones.
Prohibir compras residenciales ajenas a vivienda habitual o alquiler regulado asequible, con prohibición absoluta para personas jurídicas con ánimo de lucro.
Dar a Casa 47 un derecho preferente y subsidiario de tanteo y retracto sobre edificios completos y carteras inmobiliarias, respetando prioridades autonómicas y locales.
Extinguir en tres años las licencias de pisos turísticos y alquileres temporales fraudulentos en edificios residenciales de zonas tensionadas.
Aplicar IVA del 21% a pisos turísticos, eliminar deducciones fiscales, elevar al 20% la imputación por periodos vacíos y permitir recargos de IBI de hasta el 150%.
Obligar a plataformas a retirar inmediatamente anuncios de alojamiento sin registro, bajo sanción administrativa.
Considerar turísticos los alquileres de hasta 30 días y extender la contención de rentas a alquileres de temporada y habitaciones.
Crear una Agencia Estatal de la Vivienda independiente con inspección y sanciones de hasta un millón de euros, coordinada con comunidades y municipios.
Crear un Registro Estatal de Arrendamientos en tiempo real y exigir inscribir contratos antes de su publicidad o firma.
Financiar inspección y sanción de infracciones de vivienda y pisos turísticos y expropiaciones municipales de suelos cuyo plazo de construcción se incumpla.
Reconocer a sindicatos de inquilinos capacidad de negociar convenios colectivos de alquiler territoriales o de grandes tenedores.
Regular huelgas de alquiler ante abusos graves, con depósito judicial de rentas que no pueda justificar el desahucio.
Aprobar una Carta de Derechos de Inquilinos y permitir oponerse judicialmente a demandas por cláusulas abusivas.
Crear una comisión parlamentaria que audite la gestión de SAREB desde 2012 y examine responsabilidades políticas, contables y patrimoniales.
Topar alquileres en zonas tensionadas por el menor importe entre el 25% de la renta neta media de la sección censal y el índice SERPAVI.
Aplicar una rebaja adicional del 30% al alquiler regulado en municipios de más de 200.000 habitantes o con masificación turística severa.
Crear un contrato específico de alquiler asequible para alojamientos vinculados a servicios sociales.
Ofrecer intermediación pública, cobro garantizado, reparaciones y gestión del alquiler a particulares que arrienden a precio regulado.
Declarar automáticamente zonas tensionadas al cumplir los requisitos legales y habilitar al Estado para actuar si la comunidad no lo hace.
Establecer alquileres indefinidos por defecto; durante la transición, prórrogas de cinco o siete años, preaviso de seis meses e indemnización por rescisión indebida.
Prohibir programas y algoritmos que coordinen o fijen alquileres con datos de arrendadores y sancionar con hasta el 10% de la facturación mundial.
Someter algoritmos inmobiliarios a supervisión de CNMC y Agencia de Vivienda y a auditorías independientes contra discriminación y coordinación de precios.
Prohibir desahucios de hogares vulnerables sin alternativa estable y hacer que la administración pague el alquiler a pequeños propietarios al precio del índice.
Exigir a grandes tenedores ofrecer al menos siete años de alquiler social ajustado a ingresos antes de reclamar judicialmente el desalojo o la deuda.
Crear una deducción reembolsable de hasta 300 euros al mes para hogares con menos de tres IPREM cuya hipoteca supere el 40% de sus ingresos netos.
Regular la dación en pago para cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda.
Obligar a todas las entidades bancarias a ofrecer una hipoteca pública a tipo fijo.
Eliminar de oficio de las hipotecas las cláusulas abusivas, incluidas las señaladas en el programa sobre IRPH, REDAL, divisas y cláusulas suelo.
Garantizar portabilidad efectiva de hipotecas entre bancos y reforzar el código de buenas prácticas.
Asumir públicamente vivienda e hipoteca ante impago de primera residencia e incorporarla al parque público, manteniendo a la familia con alquiler social.
Crear un fondo urgente para ejercer tanteo y retracto en desahucios y exigir alquiler social de grandes tenedores a hogares vulnerables de zonas tensionadas.
Rehabilitar 2,5 millones de viviendas vulnerables en diez años, subvencionando entre el 80% y el 95% de las obras y empleando personal del Plan de Empleo Garantizado.
Crear oficinas de proximidad y un Monedero de Rehabilitación que reúna financiación pública y privada adaptada progresivamente a cada hogar.
Exigir estándares energéticos mínimos en compraventa y alquiler o un plan obligatorio de mejora mediante reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Exigir edificios nuevos de consumo casi nulo o descarbonizados y excluir calderas fósiles, redes y acometidas de gas de nuevos desarrollos desde 2027.
Unificar el Registro Digital del Edificio y el Pasaporte de Rehabilitación para planificar mejoras progresivas.
Prohibir edificar en áreas de riesgo significativo de inundación y en los primeros 500 metros del litoral y financiar planes de emergencia en zonas de alto riesgo de incendio.
Exigir que las nuevas promociones tengan servicios esenciales a menos de quince minutos a pie o en transporte público.
Auditar la accesibilidad de todos los edificios residenciales colectivos y financiar ascensores y rampas donde vivan mayores o personas con movilidad reducida.
Exigir a empresas con al menos 50 trabajadores durante cinco años una aportación del 0,45% de su masa salarial para financiar alquiler público asequible.
Eliminar los regímenes especiales de SOCIMI y entidades de alquiler y aplicarles sociedades general con mínimo real del 20%, suprimiendo bonificaciones de IVA.
Hacer progresivo el IBI para gravar más a grandes propiedades, personas jurídicas y viviendas injustificadamente vacías.
Gravar un 10% el valor de viviendas empresariales desde la primera y de particulares desde la cuarta si superan 800.000 euros, con exenciones por alquiler asequible y otros supuestos.
Aplicar IVA del 4% a construcción y rehabilitación de vivienda social en alquiler y cesión de uso.
Aplicar sociedades del 0% a cooperativas de cesión de uso sin ánimo de lucro y tercer sector hasta regular proveedores sociales de vivienda.
Reconocer como especialmente protegidas las cooperativas de cesión de uso autonómicas y limitar al 30% las aportaciones obligatorias de socios usuarios.
Duplicar la tributación de compras de vivienda ajenas al uso habitual, incluidas las de personas físicas no residentes y extracomunitarias.
Eximir de ITP la primera vivienda habitual con límites de renta y precio y aplicar recargos del 200% en la segunda y del 1.000% desde la tercera.
Reconocer constitucionalmente la vivienda como derecho fundamental recurrible en amparo; mientras tanto, crear un derecho subjetivo exigible, priorizando colectivos vulnerables.
Blindar en la Constitución la función social de la propiedad, la protección ante desahucios sin alternativa y la imposibilidad de privatizar vivienda pública o protegida.
Prohibir desahucios de familias con menores sin alternativa habitacional previa adecuada.
Recargar IBI de viviendas vacías un 50%, hasta el 100% para titulares de cuatro o más y hasta el 150% tras más de tres años vacías.
Recargar IBI turístico un 50%, hasta el 100% con dos o más inmuebles y hasta el 150% desde cuatro inmuebles turísticos.
Fijar coeficientes fiscales que penalicen acumulación de viviendas de grandes tenedores.
Elevar mediante coeficientes tributación de viviendas de empresas para favorecer su devolución al uso residencial.
Vincular IBI a eficiencia energética, rehabilitación, autoconsumo, comunidades energéticas y adaptación climática.
Prohibir repercutir IBI y tributos de propiedad al inquilino incluso por pacto contractual.
Equiparar bonificaciones de IBI de familias monoparentales y numerosas y modularlas por renta, vivienda, cargas y vulnerabilidad.
Hacer progresiva la plusvalía municipal con hasta el 35% a ventas de grandes tenedores que hayan poseído el inmueble menos de dos años.
Dar abono de transporte gratuito a residentes del parque público estatal de vivienda.
Financiar centros presenciales de UNED, residencias asequibles y descuentos según renta en territorios con insuficiente oferta pública.
Priorizar a víctimas de violencia machista en vivienda pública y protegida.
Crear un Plan de Emancipación Juvenil sobre vivienda, empleo estable y participación y revisar barreras de acceso al IMV.
Reducir la bonificación del 95% de SOCIMI en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Eliminar la bonificación del 40% en sociedades a rentas del alquiler salvo vivienda asequible.
Aplicar un marginal del 100% a herencias sobre diez millones por heredero, computando donaciones y sin bonificaciones autonómicas, con exención de una vivienda; destinar recursos a vivienda social.
Crear un impuesto estatal progresivo según valor catastral sobre inmuebles de más de un millón de euros.
Reservar incentivos de IRPF al alquiler indefinido y al menos un 5% inferior al índice estatal, exigiendo ambas condiciones.
Ampliar y prorrogar tres años deducciones de IRPF por rehabilitación energética y autoconsumo en vivienda habitual.
Cruzar permanentemente datos del registro de alquileres y Hacienda para detectar rentas ocultas, fraude temporal y deducciones indebidas.
Crear un fondo generacional con participación pública del 30% en nuevas renovables y almacenamiento pequeños y medianos; reinvertir la mitad y dedicar el resto a vivienda y pensiones.
Exigir autoconsumo solar compartido en todas las cubiertas vecinales útiles antes de 2030, con anticipo estatal reembolsable sin intereses mediante ahorro eléctrico.
Limitar plazas turísticas según capacidad territorial, controlar alojamientos y anuncios sin licencia y revisar concentración de operadores.
Declarar nulas cláusulas de alquiler habitual que prohíban genéricamente animales de compañía.
Crear vivienda rural solo permanente, rehabilitación y ayudas al alquiler, cooperativas y oficinas comarcales, empezando con un piloto aragonés de 75 millones.
Condonar deuda autonómica a cambio de evitar rebajas a rentas altas y permitir destinar el 20% de lo condonado a ampliar alquiler público.